Es probable que la pesadilla ocasionada en noviembre por el huracán Otto, al pasar por el país, todavía no haya terminado. Decenas de casas más, quizá cientos, podrían ser declaradas inhabitables, al igual que comercios, escuelas y otros inmuebles en zonas pobladas de Upala y Bagaces.
Esta es una de las conclusiones del informe final elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en relación con el devastador fenómeno. El documento afirma que el Ministerio de Salud debe evaluar todas esas estructuras para definir cuáles deberían demolerse.
Con la consigna de que la seguridad no es negociable, la CNE insiste en que cualquier anomalía por desoír estas recomendaciones será responsabilidad de los municipios que dan los permisos de construcción.
Otto entró a suelo nacional por Los Chiles el 24 de noviembre pasado, a las 11:15 a. m., y salió a las 10 p. m. por cabo Velas, Guanacaste.
Según Lidier Esquivel y Blas Sánchez, geólogos de la CNE, escuelas, viviendas, asentamientos, comercios y edificios que están en la zona de protección de los ríos o cerca de estos, deben reubicarse.
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No se trata de castigar dos veces a los pobladores de localidades afectadas, aclaró Esquivel, sino de establecer mecanismos de alerta en zonas que resultaron anegadas. Poner las casas sobre pilotes, hacer rellenos de protección y realizar otras adaptaciones son acciones que procuran atenuar el riesgo.
No obstante, en algunos casos, habrá que demoler viviendas y trasladar a sus dueños.
Esquivel coincide con el comisionado presidencial para la emergencia, Mariano Figueres, en el sentido de que es imposible erradicar el pueblo.
La idea es que los nuevos edificios de bancos, entes de gobierno, escuelas y hospitales se construyan en sitios donde la influencia de ríos y quebradas no sea tan directa.
El caso de Ciudad Cortés, en la zona sur, fue citado como ejemplo por Lidier Esquivel. Cuando estaba a la par del río Térraba, se inundaba continuamente. Después de sufrir con los huracanes César y Mitch, poco a poco se construyeron en otro lugar el hospital, la municipalidad y otros edificios, hasta que el pueblo quedó más seguro.
Polémica. Mas no todos están dispuestos a acatar de inmediato estas recomendaciones de la CNE. Emilce Díaz, primera vicealcaldesa de Bagaces, prefiere pedir una segunda opinión a expertos en cuencas e hidrografía del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a geólogos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Con base en los criterios de esos expertos, dijo Díaz, se procuraría apelar el informe de la Comisión de Emergencias.
“Hay varias zonas en las que no sé si sería la escala, pero es muy grande el terreno que abarcan. Hacen mención a quebradas que bañan la parte norte de Guayabo, donde no se podrían dar permisos de construcción; son tierras que solo servirían para agricultura”, manifestó. ¿Qué va a pasar con las viviendas que hay ahí, y con el comercio? añadió.
Según dijo, mucha gente ha invertido en propiedades en Guayabo de Bagaces, por ejemplo, en unas quintas llamadas Almara, y tienen préstamos con bancos.
Las empresas de aguas termales como Thermomanía,Yöko y Guayacán, están en zona limitada por la CNE. En ese sentido, Lidier Esquivel afirmó que los proyectos turísticos tendrían la venia de seguir, pero con planes de mitigación que deben acatar.
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La Municipalidad de Bagaces tenía previsto trasladar a unas 40 familias a un proyecto de vivienda que se iba a desarrollar detrás del colegio, pero el informe entregado por la CNE sostiene que ese sector está cerca de una quebrada y es riesgoso. Por situaciones como esa, el municipio apelará el informe.
“¿Cómo les va a decir uno a los empresarios que, para abrir, deben crear obras de mitigación, si esa gente hasta ahora se está levantando?”, acotó Díaz.
En ese cantón hay 65 casas que se deberían demoler y más de 50 están urgidas de reparaciones. En Santa Cecilia de La Fortuna, varios vecinos que viven junto al río Blanco deberían dejar sus casas, e incluso la escuela Adolfo Berger Faerron recibió la orden de desalojo del Ministerio de Salud. Se les permitió utilizarla unos meses, pero deben buscar adónde trasladarse antes de que lleguen las lluvias, manifestó Díaz.
En torno al plan regulador, la vicealcaldesa afirmó que deben elaborarlo, porque no existe.
Vinculantes. Por su parte, el alcalde de Upala, Juan Bosco Acevedo, dijo que hasta el 21 de marzo se referirá al informe de la CNE, una vez que ese ente lo discuta con el municipio.
“Estamos esperando las recomendaciones oficiales de la Comisión de Emergencias para aplicarlas, porque son vinculantes”, sostuvo Acevedo.
Añadió que en ese cantón hay tres distintos informes de casas dañadas. Unos hablan de 63 y otros hasta de 300, por lo que no hay un criterio común.
En cuanto al plan regulador,
Acevedo dijo que pronto lo van a discutir para tratar de ponerlo en marcha.
Afirmó que gracias al apoyo de la CNE, han tenido acceso a maquinaria para la limpieza de varios ríos en las tres zonas afectadas: Aguas Claras, Bijagua y Upala centro.