San José (Redacción). Mascotas en estado de desnutrición, agredidas o utilizadas para peleas ilegales captaron la atención de los funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) en el 2012, pues se recibieron 1.533 denuncias por esos temas.
Los casos atendidos experimentaron un aumento considerable con respecto a otros años, ya que el Senasa contabilizó 1.033 denuncias en el 2011 y tan solo 960 en el 2010.
Warren Hidalgo, director del departamento de Bienestar Animal del Senasa, considera que estos datos resultan esperanzadores. Comentó que el incremento en las denuncias no evidencia mayores índices de maltrato, sino que la población ahora tiene interés en ponerle fin al problema.
“La conciencia ha venido aumentando desde el punto de vista del cuido y el manejo de los animales. La gente se entusiasma a denunciar y a poner las cosas en regla”, comentó el jerarca.
Según datos del Senasa, en el Área Metropolitana se decomisaron 94 perros el año pasado. De esos, 66 eran usados para peleas y 28 más estaban en malas condiciones.
Aunque Hidalgo resaltó que el interés de la institución es rehabilitar a los animales y conseguirles un hogar con cuidados adecuados, 13 de los perros confiscados fueron sacrificados por mostrar un alto grados de agresividad que pondría en riesgo a las familias adoptantes.
“Tratamos de girar órdenes sanitarias para que el mismo propietario cambie las malas prácticas. Ya cuando son casos de maltrato o en que hay que actuar de manera inmediata, sí se toma la decisión de decomisar, como sucede con los perros de pelea”, explicó Hidalgo.
A la espera de sanciones más fuertes. En la Asamblea Legislativa se tramitan dos proyectos de ley que pretenden penar con cárcel a propietarios de animales que incurren en situaciones de crueldad.
Uno fue presentado por la vía de iniciativa popular y el otro fue propuesto por nueve diputados de distintas fracciones. Ambos se encuentran en estudio en la comisión legislativa de Ambiente.
Por ahora, el Tribunal Sancionatorio del Senasa solo puede establecer multas económicas, que van de uno a 50 salarios base, cuando se compruebe una seria afectación a la integridad de los animales.