San José (Redacción). La prueba más fuerte de que el exdiputado Rigoberto Abarca estaría en Nicaragua es la denuncia interpuesta por el exlegislador por el robo de mil dólares del que fue víctima en la habitación del hotel donde se hospedaba, en la comarca de Boca de Sábalo, departamento de Río San Juan.
El delito lo cometieron tres menores la noche del martes 8 de enero anterior y fue el mismo Abarca quien lo denunció formalmente ante la Policía del vecino país.
Alba Campos, Fiscal Regional Adjunta en Ciudad Quesada, dijo tener conocimiento del hecho y así lo comunicó al Tribunal de Juicio de San Carlos.
Fue ese Tribunal el que en febrero 2009 condenó al exlegislador Social Cristiano a 5 años de prisión por Administración Fraudulenta, pero que el 7 de diciembre recién pasado la Sala Tercera lo recalificó como peculado en perjuicio del Estado Costarricense y La Administración de Justicia pero sin variar los años cárcel.
El jueves recién pasado y a raíz de la comunicación de la Fiscal Campos, Antonio Barrantes, Juez coordinador del Tribunal con sede en Ciudad Quesada, ordenó la captura y detención internacional de Abarca con fines de extradición.
Al mismo tiempo, Barrantes solicita a la “República de Nicaragua, proceda a la captura y detención del exlegislador costarricense y que en caso de ser detenido se le informe a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, para proceder de seguido con las diligencias propias de la extradición para que la misma sea tramitada vía Consular”.
En suelo nica. “Los informes en nuestro poder indican que el señor Abarca está en Nicaragua”, manifestó la Fiscal Campos.
La misma información maneja el Organismo de Investigación Judicial, dijo Gerald Campos Jefe Regional en la Zona Norte.
Debido a que Abarca no se presentó a cumplir la pena el Tribunal sancarleño emitió el pasado 18 de diciembre una orden de captura nacional contra el ex dirigente político, quien fungió como diputado en el cuatrienio 1998-2002.
Abarca confirmó en una carta, enviada a este medio el 25 de diciembre, que estaba en Nicaragua.
En el documento indicó que fue a “arreglar” algunos asuntos a ese país y a traer unas escrituras de un abogado de allá. Aseguró que desde hace 15 años tiene algunos negocios en ese país.
“Estando ahí en Nicaragua, me llaman mis familiares y me comunican que ya habían girado la orden de detención, pero aquí estoy esperando la notificación para hacerme presente en el momento que me lo indiquen, y para seguir haciéndole frente a esta persecución política y defendiéndome ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agrega la carta.
Al día de hoy Abarca no se había puesto a disposición de la Justicia costarricense lo que sí hizo la semana anterior, Víctor Blandón, expresidente de la Asociación de Vivienda San Juan, el otro condenado en la misma causa a cinco años de cárcel.
El fallo está relacionado con la compra de una finca en Boca Arenal, San Carlos, que la asociación presidida por Blandón hizo a Fernández en mayo del 2000.
Cuatro meses antes, Ramón Fernández se la había comprado a la Sociedad Arbolitos de Oro que, en ese entonces, presidía Rigoberto Abarca.
Para esa época, Fernández fungía como asesor legislativo de Abarca quien, precisamente un año antes (1999), había gestionado la partida de ¢45 millones con la que se financió la compra de dicho inmueble.