Una sola defensora pública en los Tribunales de Turrialba (Cartago) debe resolver 4.000 casos de personas que acudieron a reclamar una pensión alimentaria.
La funcionaria, Alina Rivera, comentó que ella debe atender la población de Turrialba y Juan Viñas, donde la mayoría de los que acuden a solicitar la pensión tienen pocos recursos y baja escolaridad; son indígenas o discapacitados, y requieren la representación de un defensor.
Rivera asegura que la atención a los usuarios se afecta porque una sola persona es insuficiente.
La funcionaria representa cerca del 95% de las demandas que ingresan al Juzgado de Pensiones Alimentarias, que dispone de tres jueces especializados.
En muchas ocasiones hay choques de señalamientos de audiencias o conciliaciones, que la obligan a escoger a cuál de los casos darle representación.
“Es muy triste llegar al Juzgado, ver a las señoras y decirles que no puedo estar con ellas”, dijo.
“Tenemos la directriz de agilizar los expedientes, pero son muchos los procesos que hay que llevar, y por este volumen se ha desatendido en muchas ocasiones a los usuarios. El fin principal cuando el usuario llega a la Defensa Pública, es sacar de la manera más rápida un monto provisional de dinero para los alimentos de los menores”, comentó la defensora.
Otras oficinas. La escasez de defensores públicos para atender la materia de pensión alimentaria se reproduce en otras oficinas del país. Incluso, las oficinas de San Joaquín de Flores (Heredia) y San Ramón (Alajuela) no cuentan con el servicio de la Defensa por falta de presupuesto para contratar personal. En 17 de los 39 despachos de pensión alimentaria de la Defensa Pública, se deben asignar por recargo los casos a defensores de la materia penal pues no cuentan con especialistas.
En el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, hay 7.400 causas activas, asignadas a solo dos defensores. En Desamparados, dos funcionarias se encargan de atender 6.000 demandas.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, explicó que la aplicación de la oralidad en la pensión alimentaria, que comenzó en Alajuela, se ha repetido en otros despachos del país.
“Estamos de acuerdo con la oralidad en pensiones alimentarias pues beneficia de forma notoria a las personas que demandan alimentos. Sin embargo, algunos jueces de San Carlos, Desamparados, Turrialba y Cartago han querido copiar el modelo aplicado en Alajuela sin contar con los recursos humanos y sin un estudio de planificación que determine las necesidades para el funcionamiento”, añadió Muñoz.
Por su parte, la defensora Rivera asegura que en Turrialba se han hecho esfuerzos por no desatender todas las necesidades del despacho. Ese empeño la ha llevado a tomar su tiempo de almuerzo y horas extralaborales para sacar adelante el trabajo.
“La institución afronta un problema con respecto a la demanda del servicio y de recursos otorgados en pensión alimentaria. Los recargos a defensores penales generan reclamos de los jueces porque los defensores no pueden dedicar el 100% de su jornada a la atención de esta materia”, comentó Muñoz.