La defensa en el juicio del expresidente de Alcatel Costa Rica, Édgar Valverde Acosta, señaló ayer una serie de fallas presuntamente cometidas por el Ministerio Público durante la etapa de investigación del caso ICE-Alcatel.
La Fiscalía le achaca a Valverde cuatro delitos de penalidad del corruptor en relación con cohecho impropio y por ello pidió 15 años de prisión en su contra por el caso de dádivas que pagó la transnacional para obtener un contrato de 400.000 líneas GSM.
Ayer, entre los cuestionamientos, que hizo públicos el abogado Érick Ramos, está que en las pesquisas se hace ver a Valverde como “una especie de Dios” en Alcatel, mientras el cuadro gerencial de la empresa era otra cosa.
Manifestó que había otras personas –cuyos nombres citó en el juicio que se realiza en los Tribunales de Justicia de Goicoechea– que se reunían con funcionarios del ICE para discutir una posible adjudicación de telefonía celular.
Ramos dijo el nombre de un funcionario de Alcatel, de quien dijo almorzó y se reunió con altos personeros del ICE, pero agregó: “La Fiscalía nunca decomisó esas facturas. Había otras posibilidades para ampliar la investigación que no se hicieron”.
El defensor de Édgar Valverde de inmediato advirtió que él no estaba diciendo que esa persona hiciera nada incorrecto, pero reiteró que no se la investigó.
Ramos hizo referencia a otros funcionarios de Alcatel que, en su opinión, conocían los hechos y lo que hicieron “fue lavarse las manos como Pilatos”, para que la responsabilidad cayera en Valverde.
Ausente. Ramos, en reiteradas ocasiones durante su exposición, hizo mención de que el Ministerio Público no debió llegar a un acuerdo en un juicio abreviado con Leonel Barrios, de la empresa Intelmar y cuyas oficinas estaban dentro de las de Alcatel Costa Rica.
“La relación de esa empresa era directamente con Francia. Édgar Valverde carecía de injerencia en esa empresa. Eso es responsabilidad de Leonel Barrios. Por eso digo que hay muchas otras situaciones que debieron haber sido investigadas”, dijo el abogado.
Barrios, en el arreglo a que llegó con la Fiscalía, aceptó los cargos y fue condenado a tres años de cárcel, con ejecución condicional. Esa sentencia es usada como prueba para implicar a Valverde en los hechos.
Para el defensor de Valverde, también “los altos jerarcas de Alcatel tenían responsabilidad directa con los hechos. Es un decir que no sabían nada. Usaron todo el presupuesto que tiene la empresa para desviar la atención y señalar a Édgar Valverde”.
Seguidamente, atribuyó a la Fiscalía actuar deficientemente en este caso pues tardó mucho en realizar los allanamientos de las oficinas de Alcatel y, además, fueron “esos altos funcionarios” quienes hicieron la entrega al Ministerio Público de los documentos en que se ligaba a Édgar Valverde con el presunto pago de dinero.
Sin pruebas. El defensor insistió, entre otras cosas, en que, debido a la deficiente investigación del Ministerio Público no se pudo establecer un ligamen entre el dinero que habría recibido su defendido de Alcatel y la adjudicación de las 400.000 líneas celulares, así como tampoco se presentó una cadena de la procedencia del mismo.
“Las pruebas del Ministerio Público son solo intentos fallidos por tratar de demostrar lo improbable. La hipótesis de la Fiscalía se vino al piso desde hace mucho tiempo, porque en su búsqueda de una supuesta verdad se olvidó de que los indicios son solo eso, meras sospechas”; recalcó .