Un dictamen médico-forense descarta la violación de una mujer de 40 años con aparente retardo mental, aseguró ayer la defensa pública del sospechoso del hecho.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, indicó que el diagnóstico precisa que la mujer “no tenía lesiones ni manifestaciones de una acción violenta”.
Además, dijo que esa prueba no incrimina al acusado, de apellido Arias, con la denuncia por violación, pues se comprobó que la mujer no fue penetrada.
El examen se le practicó a la denunciante en la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, cuatro horas después de que supuestamente ocurrieran los hechos, el 11 de enero anterior, en Bajo La Paz de San Ramón, Alajuela.
El 10 de marzo, el Juzgado Penal de San Ramón levantó la medida cautelar que prohibía al sospechoso acercarse a la víctima a menos de 500 metros. La Fiscalía apeló esta decisión, por lo que el Tribunal Penal deberá resolver el caso.
Discapacidad. Andrea Pérez, defensora pública de Arias, aseguró ayer a La Nación que en el expediente judicial no consta ningún documento que señale la discapacidad de la mujer.
También, afirmó, no existe ningún dictamen que acredite que la víctima haya sido tratada médicamente por tal condición.
Pérez consideró que el Juzgado Penal de San Ramón levantó la medida cautelar de su representado porque no hay ningún indicio de sea el autor del delito de violación.
En los últimos días la decisión judicial generó críticas de diversas organización sociales.
Un comunicado del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial detalló: “Nosotros, como ente rector, manifestamos nuestra indignación y oposición ante el levantamiento de las medidas cautelares. Es un irrespeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.
La situación también preocupa a la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, quien advirtió que este tipo de manifestaciones deslegitima el sistema judicial. “La gente debería de tener confianza en los jueces”, comentó Orocú.