Transcurridos más de 40 días, el Consejo Superior del Poder Judicial aún no recibe –de parte del fiscal general, Francisco Dall'Anese– una respuesta a la queja presentada por dos fiscales adjuntos, trasladados de puesto en abril.
Ese órgano –integrado por la presidencia de la Corte, así como por representantes de la Judicatura, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados– giró instrucciones al jerarca del Ministerio Público, el 27 de mayo, “para que se refiera a las gestiones presentadas por el licenciado José Pablo Vargas Montero y la licenciada Patricia Cordero Vargas”.
Vargas y Cordero acudieron al Consejo para impedir que el mandato de Dall'Anese se cumpliera. El órgano suspendió los traslados, situación que generó la molestia del Fiscal General por considerar que, con eso, invadieron sus potestades. Esa vez amenazó con renunciar.
“Tengo entendido que el próximo lunes (durante la reunión del Consejo Superior) va a enviar (Dall'Anese) una nota. De momento, no ha dado ningún dato oficial. Tampoco ha contestado a la audiencia que se le concedió”, confirmó el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora.
La Nación intentó contactar ayer a Dall'Anese, pero no fue posible debido a que el Poder Judicial goza de un receso de medio año.
El Fiscal General aceptó, la semana pasada, un nombramiento en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano de las Naciones Unidas. A su eventual renuncia aún no se ha referido.
Acuerdo. La decisión del traslado se tomó el 20 de abril.
“Precisamente, para una sana política de control interno, la rotación de labores debe ponerse en práctica entre quienes ejercen tareas o funciones afines para que los funcionarios no tengan permanente control de recursos (humanos y materiales) empleados en un área de la administración.
“Eso pretende, entre otros, evitar que el confort impida anticipar situaciones adversas al desempeño de las oficinas, así como corregir procesos que afectan la prestación de servicios”, argumentó Dall'Anese para mover de puesto a los fiscales.