Cuatro meses después de que un sujeto asesinó al abogado Jorge Luis Valerio Chaves, cuando estaba en su bufete en Guácimo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide ayuda a la ciudadanía para tratar de dar con el pistolero.
Sobre las causas del asesinato, el OIJ todavía no tiene pistas. El abogado Valerio tenía 56 años, estaba casado desde el año 2000 y no tenía hijos, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.
El agresor sería un hombre alto, que ese día vestía pantalón oscuro, tenis blancas y una camisa verde, similar a la que usan en Correos de Costa Rica, de modo que fingió ser mensajero de esa entidad para entrar al sitio donde estaba Valerio con otro individuo, y cerca de donde también estaba su secretaria. El ataque fue dirigido exclusivamente contra el abogado, las otras dos personas resultaron ilesas. Valerio, en cambio, presentaba varios impactos y falleció en el sitio.
Como parte de las investigaciones, los agentes de Guápiles obtuvieron el video donde se ve al motorizado huir solo por una calle húmeda, asfaltada y sin aceras, cerca de donde minutos después la Policía encontró la moto abandonada, aquel martes 9 de noviembre.
“Durante la investigación se logró determinar que llegó un sujeto con vestimentas alusivas a una empresa de paquetería, en una motocicleta color rojo, ingresa hasta donde estaba el ofendido y le dispara en múltiples ocasiones, luego de lo cual se retira en la motocicleta, que deja abandonada a cierta distancia”, dijo Carlos Hidalgo, investigador del OIJ en Guápiles.
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Si luego de ver el video, usted tiene información o cualquier detalle que ayude a esclarecer el caso, puede avisar a la línea telefónica 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.
Casos difíciles de aclarar
El 3 de octubre del 2015, el abogado Roy Ching Leitón, fue asesinado de ocho balazos cerca de la rotonda de Zapote. El hombre acababa de salir de la cárcel de San Sebastián, donde conversó con un cliente.
Ching, de 65 años, viajaba en un taxi formal como pasajero y en un alto, un peatón se acercó al vehículo y disparó en varias ocasiones contra el jurista que se trasladaba hacia San Pedro con un taxista de su confianza: Posteriormente, el OIJ no informó sobre detención alguna en relación con este homicidio.
En aquella ocasión trascendió que esa muerte obedecería a un dinero que al parecer pidió por adelantado para poner en libertad a un miembro de una banda narco. Sin embargo, al final condenaron al sujeto y sus cómplices solicitaron al abogado la devolución de los fondos, lo que al parecer no cumplió y comenzaron una serie de amenazas hasta que lo asesinaron.
Igual ocurrió en el 2012, cuando el notario Maynor Gómez Goicoechea, de 39 años, murió de al menos nueve balazos que le propinaron pistoleros en el parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos, San José.
El abogado se encontraba conversando con otro hombre, de apellido Otero, a eso de las 11:30 p. m. cuando llegaron dos sujetos en moto, uno se bajó y les disparó en varias ocasiones. Otero resultó herido en una pierna y Gómez falleció en el sitio.
Gómez estaba envuelto en líos legales e incluso desde el 16 de octubre del 2010 se encontraba suspendido de sus funciones como notario, a causa de “falta de deberes funcionales”, según el registro de la Dirección Nacional de Notariado.
Otro abogado que murió entre balas fue Manuel Soto Morice, de 49 años, ultimado en marzo del 2009 en Granada, Nicaragua. Los hechos ocurrieron en el barrio Pancasán, cuando la víctima se bajó de un pick-up doble cabina para ingresar a una casa que alquilaba en el vecino país, donde se dedicaba a negocios de turismo, construcción y promoción de inversiones.
En marzo del 2004, Soto asumió la defensa de Libardo Parra Vargas, un exguerrillero colombiano del Movimiento 19 de Abril (M-19), quien fue detenido cuando transportaba $1,4 millones (¢700 millones). En aquel momento, Manuel Soto alegó que el dinero decomisado provenía de negocios que Parra tenía en Nicaragua.
El cuerpo de Soto Morice fue repatriado, pero su muerte quedó impune.