Cada uno de los doce meses del año pasado registró un aumento en el número de homicidios en comparación con su respectivo mes del 2022. Sin embargo, en enero de este año esa tendencia se quebró, ya que cerró con 71 asesinatos, seis menos que enero del 2023.
San José, la provincia con el mayor número de homicidios al cierre del año pasado, con 220 de los 907 cometidos en todo el país, contribuyó en la caída de la estadística en enero, pues sumó 16 muertes, seis menos en comparación con el mismo periodo del 2023. Heredia, por su parte, también experimentó una disminución de seis casos al cerrar con un asesinato, frente a siete de enero del año pasado.
Alajuela cayó de 6 homicidios el año pasado a cinco en enero anterior y Guanacaste también disminuyó de 9 a 7. En cambio, Cartago subió de 5 a 8 y Puntarenas de 11 a 15 en el mismo periodo de análisis.
Además, la intervención de 50 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limón evitó que la provincia caribeña, que arrancó el año con suma violencia, cerrara el mes con cifras mucho peores a las del mismo periodo del 2023.
Este refuerzo se implementó luego de que un “comando de la muerte” cometió dos ataques en La Colina y en Moín, donde actuaron con gran cantidad de armas de grueso calibre y en una formación militar. Según confirmó Randall Zúñiga, acciones semejantes, que dejaron un fallecido, no podían continuar.
El despliegue, implementado desde mediados de enero, permitió mejorar la vigilancia en los barrios caribeños de Los Lirios, La Colina, Envaco, barrio Quinto y San Juan.
Según la ley, al OIJ no le corresponde realizar labores de prevención y contención, ya que su naturaleza es principalmente investigativa. Sin embargo, asumieron estas funciones como parte de la estrategia para lograr uno de los principales objetivos que tienen pendiente en Limón: la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, cuya banda ha experimentado diversas detenciones recientes.
La actual intervención del OIJ en esa provincia tiene un costo mensual de ¢80 millones.
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Con estas operaciones, se pudo frenar la oleada criminal, de manera que en la segunda parte del mes cesaron las muertes relacionadas con el crimen organizado. A pesar de ello, la provincia caribeña concluyó enero con 18 asesinatos, dos más que en enero del 2023.
Gustavo Mata, exministro de Seguridad, destaca que la situación en Limón demuestra que acciones preventivas y de contención en los distritos más afectados por la criminalidad, como la cabecera de provincia, pueden lograr los objetivos para reducir la ola de criminalidad.
Mata lamentó que por falta de personal y presupuesto en el Ministerio de Seguridad no se puedan llevar a cabo tales acciones e hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que comprenda que, con los recursos adecuados, se pueden realizar actividades que ayuden a reducir la alarmante tasa de homicidios, actualmente en 17,2 por cada 100.000 habitantes, cuando lo recomendado es no superar la tasa de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
“El OIJ tuvo que desplegar personal de diferentes delegaciones, pero dio un ejemplo contundente de lo que debe hacer el Ministerio de Seguridad en las diferentes provincias”, enfatizó Mata.
Falta de recursos
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, admite la falta de recursos y señala que será hasta junio cuando se integren 100 nuevos uniformados gradualmente cada mes, hasta agotar los 926 que se están preparando en la Escuela Nacional de Policía.
Según Zamora, aunque para el inicio de este año se tenía previsto intervenir en los 25 distritos con mayor criminalidad, la falta de recursos ha limitado las acciones a 11 de ellos en San José, Puntarenas, Limón y Guanacaste.
El funcionario manifestó que la migración de bandas hacia Turrialba y los recientes homicidios en ese cantón, les han obligado a reubicar recursos en barrios como Azul y Carmen Lyra, pero el operativo general continúa en los 11 distritos donde el sicariato causó más muertes en el 2023.
“Hubiésemos deseado entrar a 25 distritos, pero la limitación del recurso humano nos impide alcanzar ese objetivo”, se justificó.
El jerarca hizo referencia a que la Policía de Control de Drogas dispondrá de nuevas oficinas en Cartago y San Carlos para ampliar las investigaciones criminales. Empero, dichas sedes, anunciadas desde diciembre anterior, carecen de locales físicos.
Entre tanto, el exministro Mata advierte que carteles mexicanos, como los de Jalisco y el Golfo, tienen la intención de establecer en el país sus bases para fabricar y vender fentanilo.
Mata subraya que, mientras no se cuente con patrullas, motos, aviones y lanchas en buen estado, así como avituallamiento, delegaciones adecuadas y equipo de protección, el país seguirá en desventaja frente al crimen organizado.
Afirmó que por falta de repuestos hay muchas embarcaciones y aeronaves varadas e incluso dijo que un avión donado por China años atrás, está ubicado a manera de monumento en la Escuela Nacional de Policía.
Insistió en establecer una política integral de seguridad para los próximos 20 años, como mecanismo para repeler la acción criminal.
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