La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada solicitó la mañana de este miércoles seis meses de prisión preventiva contra 17 personas detenidas este martes como sospechosas de conformar organizaciones dedicadas al robo de vehículos en Alajuela y Heredia.
Contra otra persona se solicitaron otro tipo de medidas cautelares: firmar cada 15 días, prohibición de salida del país, mantener domicilio y trabajo fijos, y no contactar a las víctimas de los delitos.
La audiencia inició a las 10 a. m. en el Juzgado Penal de Alajuela.
De acuerdo con las pesquisas recabadas, los sospechosos conforman seis organizaciones que coordinan entre sí el ilícito negocio de robo, desarme de los carros y posterior venta en el país.
Para cometer el delito, los imputados definían el tipo de vehículo de su interés, y utilizaban llaves hechizas o machotes de llaves, llavines sustraídos a otros carros y otros instrumentos adaptados para apoderarse de los bienes. Posteriormente, trasladaban los carros a diferentes bodegas transitorias y varios días después los llevaban al destino final.
Según las denuncias en investigación, acumuladas en un solo expediente, entre febrero del 2013 y agosto del 2014, las organizaciones robaron 47 carros de diversas marcas, como Suzuki Sidekick, Nissan, Mitsubishi Montero y Chevrolet Tracker, entre otros, cuyos valores estimados oscilan entre ¢1.190.000 y ¢10.200.000.
Queda pendiente realizar el análisis del valor registral de los vehículos para determinar el perjuicio económico causado a las víctimas, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Según un boletín de prensa de la Fiscalía, los imputados responden a los apellidos Murillo, González (dos), Acosta (tres), Barquero, Castro, Miranda, Vargas, Sandí y Gómez.
Otros son de apellidos Ramírez, Jiménez, Delgado, Cantillano, Gutiérrez y Brais. A todos se les atribuyen delitos de robo agravado, hurto agravado, extorsión y legitimación de capitales.
Otras cinco personas aprehendidas ayer en vía pública de diferentes zonas de Alajuela fueron indagadas y posteriormente puestas en libertad, tras comprobarse sus arraigos y valorarse la menor participación en los actos delictivos, pero aún continúan bajo investigación.