Un guatemalteco asesinado junto a su esposa costarricense, este jueves en Zapote, descontaba una pena de 12 años de cárcel por narcotráfico, pero estaba libre por un beneficio carcelario.
Las víctimas, precisamente, se dirigían de su casa en San Antonio de Desamparados hacia el Centro de Confianza de Guadalupe, en barrio Pilar de Goicoechea, cuando fueron sorprendidos por cuatro motociclistas, quienes les dispararon en múltiples ocasiones.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los fallecidos como Mario Roberto Suchite Castillo, de 44 años, y su esposa, Yerling Pamela Duarte Sosa, de 23. Esta última presentaba balazos en la mano derecha y la cabeza. Suchite recibió impactos en el mentón, cuello, cabeza y tórax, comunicó el OIJ.
El foráneo llegó al país en abril del 2009, según la Dirección General de Migración y Extranjería. Al año siguiente, creó una sociedad para la compra y venta de vehículos, dijo su abogada Myriam Bedoya Zárate.
Antecedentes. Mario Roberto Suchite es originario del municipio Los Amates, en el departamento de Izabal, Guatemala.
En Costa Rica, su nombre trascendió cuando agentes de la Policía Judicial lo detuvieron el 27 de noviembre del 2010, como sospechoso de liderar una banda que se dedicaba a enviar cocaína desde el país a Guatemala.
En aquella ocasión, se verificó que la droga salió en dos vehículos, que fueron detenidos, uno en Pijije de Bagaces, y el otro en el parqueo de un hotel de Liberia, en Guanacaste. Un auto tenía 35 kilos de cocaína y otro, 25 kilos de esa droga, además de ¢4 millones en efectivo, escondidos en un compartimento secreto.
En el operativo hubo siete detenidos, pero el 18 de noviembre del 2011, el Tribunal Penal de Juicio de Liberia condenó a Roberto Suchite y a otros tres imputados a 12 años de prisión. Dos acusados fueron absueltos. Esa sentencia la confirmó el Tribunal de Apelación de Sentencia de Santa Cruz, el 14 de agosto del 2012.
El Ministerio de Justicia informó ayer de que Suchite cumplía la pena con descuento el 29 de noviembre del 2019.
Sin embargo, el 16 de marzo de este año, el Instituto Nacional de Criminología, al analizar que el condenado había cumplido un tercio de la pena (el 8 de noviembre del 2014) y que, además, contaba con el apoyo de su esposa (se casó el 14 de junio del 2014), tenía domicilio en San Antonio de Desamparados y se iba a desempeñar como vendedor de una empresa de autos, lo dejó en libertad, pero con la condición de dormir en un centro de confianza.
“Él me llamó hace como dos semanas, no me dijo nada de ninguna amenaza ni nada (...). Si él hubiera sospechado algo en contra, él, seguramente lo hubiera hecho saber a las autoridades, pero nada hasta el punto de que iba solo con su esposa; de verdad que fue sorpresivo”, dijo Bedoya.