“No sabía que tenía que ir a declarar. No es cierto que tenía una orden de captura, era una orden de presentación (...). No me estoy escondiendo, lo que pasa es que cambié el domicilio de San Pedro (Montes de Oca) para acá, en Turrialba, y no lo informé...”.
Así respondió el oficial de la Fuerza Pública, de apellido Rojas, la pregunta de por qué no se había presentado a la Fiscalía para ser indagado en el caso del crimen de Franklin José Fernández, ocurrido en febrero del 2011 en Montes de Oca, San José.
El implicado dijo por teléfono a La Nación que no teme enfrentar el proceso pues “no tengo culpa”.
Precisamente, Rojas acudió el martes anterior a la Fiscalía de Turrialba, donde declaró sobre el caso, pese a que la investigación la lleva la Fiscalía de Goicoechea.
“Lo que sucedió se derivó de un cumplimiento policial en razón de un asalto (...). Ese día, en un recorrido, al presenciar un asalto dimos vuelta en ‘U’ y perseguimos la moto para detenerla.
”Las personas asaltadas eran cinco. Nos manifestaron que los asaltantes andaban armados (...); nos acercamos con la patrulla y yo con la mano traté de sujetar el brazo del acompañante, y este sujeto me daba golpes (...). En todo momento se les dio la orden de detención, que ellos nunca acataron, por lo que saqué el arma de reglamento para hacer unos disparos persuasivos a las llantas, no surtieron efecto (...).
”El conductor hizo a sacar con una mano el arma de sus ropas (...) y fue ahí donde yo volví a detonar mi arma (...); jamás le apunté a la cabeza...”, dijo Rojas a la Fiscalía.
Para el expolicía, este asunto “es un homicidio culposo”, cuya pena es de seis meses a ocho años de prisión, según el artículo 117 del Código Penal. Empero; para el abogado Carlos Rodríguez Morales, quien representa a la familia del fallecido, es homicidio simple, que tiene una pena de 12 a 18 años, de acuerdo con el artículo 111.