El Ministerio Público apelará una resolución que dictó el Juzgado de Instrucción de Goicoechea a favor del cubano Roberto Maya Rosales, quien es vinculado con un presunto intento de extorsión y una poderosa banda de robacarros.
Así lo anunció el fiscal general de la República, Carlos Arias, quien dijo contar con testimonios de tres mujeres a las que Maya -afirman- visitó para exigirles el pago de ¢250.000 por la devolución de un vehículo robado.
Esos hechos ocurrieron el 2 de octubre de 1995, cuando el sospechoso se encontraba recluido en la Unidad de Admisión de San Sebastián de donde, supuestamente, se ausentó durante algunas horas para cobrar dicha recompensa.
Para realizar esa salida, según cree el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Maya contó con la supuesta ayuda del administrador del penal, Julio Cantillo Granados, quien también enfrenta una causa judicial.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción de Goicoechea dictó a mediados de la semana anterior un auto de falta de mérito a favor de los sospechosos, contra quienes, de momento, no hay pruebas contundentes.
Esa dependencia judicial basó su fallo en una constancia de la Unidad de Admisión de San Sebastián en la que afirman que, el día de los hechos, Maya se encontraba tras las rejas.
Pese a ello, añadió el jefe del Ministerio Público, insistirán en las versiones de testigos que reconocieron a Maya como la persona que reclamó el pago de una fuerte suma de dinero por la recuperación de un auto.
El vehículo, un Mitsubishi Montero, modelo 92, fue sustraído en San Blas de Moravia el 30 de setiembre de 1995 y, solo dos días después, presuntamente, apareció en escena el extranjero.
Maya, preso desde mediados de 1994, es vinculado por el OIJ con una organización mafiosa dedicada al robo de lujosos vehículos. Por estos hechos ilícitos es enjuiciado junto con nueve supuestos cómplices -desde el cuatro de marzo último- por el Tribunal Superior Tercero Penal, sección primera de San José.
Colaboró con esta información Ronald Moya Ch., periodista de La Nación