“Como mamá mi esperanza es ver a mi hija y las nietitas entrar por la puerta (...) aunque el OIJ nos dijo que los habían echado al mar. Yo digo: son cuatro personas (el yerno también desapareció), una blusita, una prensa, algo tiene que haber salido del mar, si fue que a los cuatro los echaron ahí...”
Ana Victoria Fernández, una ama de casa de 54 años y madre de una mujer policía de 32 años, abuela de dos nietas de un año y siete meses y otra de tres meses, y suegra de un expolicía de 30 años, desaparecidos desde el 1.° de setiembre del 2014, expresó el pasado miércoles su ilusión de que ellos aparezcan en cualquier momento.
“Nunca (la policía judicial) nos ha dado nada (sobre un posible paradero), pero yo tengo la fe en Dios y la virgencita de que algún día, no sé cuándo, pero algún día, los pueda ver”, relató.
Los desaparecidos son la oficial de la Policía Turística de la Fuerza Pública, Shirley Andrea Angulo Fernández; su esposo, el expolicía Víctor Julio Blanco Vega y las dos hijas de la pareja.
Esta familia, vecina de Boston, en Matina de Limón, se perdió poco después de las 2 p. m. del lunes 1.° de setiembre del 2014. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que el grupo estaba en la casa, cuando desconocidos los sorprendieron y se los llevaron.
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La vivienda quedó con las puertas y ventanas abiertas y en la mesa un plato de comida servido. Nadie vio nada porque el inmueble está en un lugar montañoso. El vecino más cercano habita a 200 metros de distancia.
El carro de la familia, un Suzuki de color blanco, tampoco estaba. Ese carro apareció el 5 de setiembre del 2014 en un taller en Llorente de Flores, en Heredia. La policía no halló ninguna evidencia dentro del vehículo.
Desde ese momento, las autoridades no volvieron a tener rastros de la familia, aunque sí conocieron una información confidencial que daba cuenta de que todos fueron lanzados al mar, cerca de la isla Uvita, en el Caribe.
La oficina de prensa del Ministerio Público sobre este caso informó: “Tras múltiples diligencias de investigación que se realizaron no fue posible establecer, con el grado de probabilidad suficiente y necesario, quién o quiénes son las personas responsables de la desaparición de las cuatro personas (....) por lo cual el caso que se lleva en la causa 14-000674-1103-PE, por falta de elementos probatorios, se ordenó el archivo fiscal”.
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Igual medida adoptó el OIJ. Archivar es cerrar la investigación de forma temporal en espera de que surjan nuevos elementos con los cuales se logre aclarar qué sucedió.
El móvil de la desaparición sería un tumbonazo de droga, presuntamente cometido por un allegado al expolicía Blanco y la retención fue para obligar a esa persona a devolver la droga o el dinero. El supuesto responsable del robo de droga salió de Limón, estuvo en la zona norte y luego huyó hacia Nicaragua.
Durísimos años
Ana Victoria Fernández recordó que Andrea y Víctor se conocieron cuando ambos se desempeñaban como oficiales de la Fuerza Pública en Limón.
“Ella tenía como 25 años y me decía: ve mami, valió la espera porque él es un gran hombre. Era el hombre que yo esperaba desde hace años. Recuerdo que él la chineaba y la cuidaba mucho y a las chiquitas también”, dijo la mujer, quien agregó que nunca conoció que su yerno estuviera en malos pasos.
Agregó que cuando se casaron compraron la casa en Boston de Matina. Víctor Blanco fue agente de la Fuerza Pública desde enero del 2001 hasta marzo del 2013, cuando lo despidieron. Al momento de desaparecer tenía un proceso judicial por robo agravado.
Shirley Angulo laboró desde el 2008 para la Policía Turística de Manzanillo de Cahuita, en Limón. Al momento de desaparecer estaba incapacitada por maternidad. Ese permiso se le vencía el 8 de octubre del 2014.
“Hable con ella ese lunes (de la desaparición) a las 2 p. m. y me dijo que ya tenía que empezar a trabajar de nuevo. Ese día me pidió que yo me fuera con ella para que le cuidara las chiquitas porque no confiaba en nadie. Eso fue lunes y el siguiente domingo venía el bautizo de la bebita. Yo le dije: ‘Andreita el domingo hablamos de eso', pero ya no se pudo.
“Ese mismo lunes como a las 4 p. m. le puse un mensaje a ella, que me llamara. Siempre que le ponía un mensaje inmediatamente me llamaba. Ella siempre que iba a salir de la casa me decía: ‘mami vamos para tal parte. Mami ya llegamos. Mami estamos bien’. Sabía que me preocupaba porque donde vivía era una parte sola. Siempre le decía, ‘no me gusta esa casa’, el punto donde está, pero era la casita de ellos”, manifestó Fernández.
Ese lunes 1.° de setiembre, Andrea no devolvió la llamada. A la mañana siguiente, Ana Victoria llamó a su hija pero no le contestó.
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“Mis hijos también comenzaron a llamar pero no contestaba. Como a las 2 p. m. comenzamos a preocuparnos. Mis hijos me decían: ‘mami tranquila, no se preocupe. posiblemente salió’ (...) pero yo sentía algo en el pecho. Uno como mamá, le puedo asegurar que uno presiente cuando está pasando algo (...) como a las 7 p. m. nos dimos cuenta que la casa estaba desocupada, que el carro no estaba, que las chiquillas ni ella aparecían, que un plato de comida quedó en la mesa. Eso fue martes y el miércoles nosotros nos fuimos para Limón y cuando llegamos allá estaba toda la familia de mi yerno, el OIJ y hasta ahí, no sé más de ellos.
“Para nosotros es muy duro porque obviamente mis otros hijos, mis otros nietos llegan y dicen: ‘tita yo extraño a tía Andrea, extraño a mis primitas’ (...) Todos sufrimos y se llega el cumpleaños de ella, el día de la madres y sabe uno que no tiene cómo comunicarse, a quién preguntar, quién me pueda decir algo de ella. Uno no puede hacer nada, es como si lo tuvieran amarrado de brazos.
“Es durísimo. La tristeza que uno vive nadie se la puede quitar. Para mí el 1.° de setiembre es la fecha más triste que pueda existir”.
Amenazas a madre de expolicía
Una mujer de apellido Vega, de 60 años, madre del expolicía Víctor Blanco Vega, fue víctima de amenazas cuando tres individuos, entre ellos un agente del OIJ, irrumpieron el 15 de agosto del 2014 en su casa, en el poblado el Parque de Los Chiles, Alajuela.
Ese hecho ocurrió 15 días antes de que desconocidos se llevaran a la familia de Matina. La situación es confusa, pues el objetivo de los sujetos que llegaron a la vivienda era localizar al compañero sentimental de Vega, un hombre de apellido Soto de 60 años y quien tenía varios negocios en la comunidad.
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El caso que aludió a Vega se pudo reconstruir con fundamento en la sentencia 550-2015 del Tribunal de Juicio de San Carlos, cuando condenaron penalmente a un oficial del OIJ de apellido Baldí por el hecho e igualmente se obtuvieron referencias del asunto en el acta 050-2016 del Consejo Superior del Poder Judicial, cuando se despidió sin responsabilidad al investigador judicial. Además, hubo varias publicaciones periodísticas del suceso.
Según la información recabada en aquel momento, el agente judicial de apellido Baldí llegó a la casa de Vega junto con otros dos individuos, uno de apellido Brenes y otro no identificado y preguntaron por Soto, pues, según dijeron, era requerido por una investigación judicial.
Baldí mostró la placa policial y le dijo a Vega que con eso bastaba para revisar la vivienda. Ella se opuso, según consta en la documentación judicial.
“Hicieron uso de amenazas injustas y graves a la señora Vega, indicándole a la misma que si no les permitía ingresar a la vivienda quemarían su vivienda, y de seguido el tercer sujeto no identificado ingresó sin autorización a la vivienda de la ofendida indicada y revisó los aposentos de la misma, siendo que al no encontrar al señor (Soto), se retiraron del sitio”, dice la sentencia 550-2015, dictada el 7 de agosto del 2015.
Baldí y Brenes fueron detenidos por la Fuerza Pública el 16 de agosto del 2014 en horas de la madrugada en la comunidad de Pavón de Los Chiles, luego de que se recibieran informes sobre las amenazas a Vega y la agresión que sufrió un peón de Soto que es de apellido López, a quien, además, amarraron de pies y manos.
Las autoridades informaron que presuntamente Baldí y Brenes fueron contratados por un prestamista para cobrarle a Soto una suma de dinero no especificada.
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Luego de este incidente, Soto y Vega abandonaron la comunidad de Los Chiles, confirmaron autoridades judiciales.
La Nación trató de localizarlos pero nadie sabe el lugar donde viven, ni tampoco responden los teléfonos que aparecen asignados a sus nombres.
Colaboraron con esta información los corresponsales Rodolfo Martín Ovares y Carlos Hernández Paniagua.