El 90% de las denuncias por robos y hurtos que ocurrieron en los últimos cinco años no fue aclarado debido a que no se pudo identificar a los responsables de cometer los delitos.
Durante el año pasado, fueron enviados a lo que se llama archivo fiscal (casos que son delitos, pero en los cuales no está identificado el sospechoso) 34.659 expedientes; de ellos, 31.193 eran por hurto y robo. Los restantes 3.466 corresponden a otros delitos.
Carlos María Jiménez Vásquez, fiscal subrogante, explicó que la decisión se adopta para descongestionar las oficinas y porque, pese a todos los esfuerzos de los investigadores y fiscales, no resultó posible identificar al responsable de perpetrar el hecho.
Agregó que la mayor parte de casos sin resolver son sustracciones de celulares, cámaras de fotos o de video y computadoras. Estos casos ocurren con más frecuencia en la vía pública o en alguna playa, donde la víctima no ve al ladrón o nunca se percató del robo.
“También están las tachas de vehículos o de casas. El problema es que se metieron y desvalijaron la vivienda cuando estaba sola. La Policía busca testigos y no hay; busca huellas y tampoco hay; se va a negocios cercanos para ver si hay cámaras de seguridad; se ven los videos pero ninguno da al punto de ingreso de esa casa. Se hizo todo lo posible que se podía hacer y no se logró nada”, explicó.
Medidas. Esos expedientes sin resolver permanecían en los escritorios de los fiscales, lo que causa saturación. “Son cientos de expedientes que están dando vueltas y vueltas; incluso la víctima no sabía qué pasó con su denuncia”, manifestó Jiménez .
Después de algún tiempo, esos asuntos eran pasados sin imputado al juzgado penal, para que dictara una desestimación y lo sacara de los asuntos pendientes.
En julio del año pasado y luego de analizar este problema, el fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, ordenó a los fiscales que utilizaran la figura del archivo fiscal, como lo dispone el artículo 298 del Código Procesal Penal (CPP).
Lo anterior significa que el caso se archiva dentro de la misma Fiscalía y solo se reactiva cuando surgen pruebas nuevas. El caso acaba con la prescripción del delito.
“¿Cómo se pueden reactivar? Por ejemplo, hay bandas que roban casas con determinado modo de operar y es ahí donde se puede señalar que esa banda fue la que robó en una vivienda, en un caso donde no había pruebas. Se trabaja más y se identifica a los posibles sospechosos. Muchas veces aparecen objetos sustraídos, que permiten individualizar al responsable y aclarar ese robo”, dijo Jiménez.
Cifras. Datos del Ministerio Público revelan que, por año, entre denuncias que ingresan y las que se arrastran del periodo anterior, se tiene un circulante cuyo promedio es de 500.000 asuntos.
“Al día de hoy, un fiscal maneja entre 150 y 200 expedientes, pero si tuviera también esos 30.000 o 40.000 expedientes que son enviados al archivo fiscal, se cargaría de trabajo extra, pues esos asuntos sin un autor identificado estarían compitiendo con otro caso en el cual sí hay un autor individualizado y hay pruebas”, especificó Jiménez.
El fiscal subrogante afirmó que casos como homicidios, delitos sexuales o de corrupción nunca son pasados al archivo fiscal. Asimismo, hizo ver que el fiscal está en la obligación de comunicar a la víctima cuando una denuncia se envía al archivo, pues así lo establece el Código Procesal Penal.
Explicó que el ofendido podrá oponerse ante un juez y alegar que hubo errores, omisiones o retrasos en la investigación. De prosperar tal objeción, el expediente volverá a ser un caso activo.