La Corte Plena acordó el año pasado elevar de 8 a 12 años el pago por cesantía para todos los empleados judiciales, sin contar en ese momento con dinero para financiar el beneficio.
Los magistrados tomaron la decisión el 11 de mayo del 2011 por pedido de las asociaciones de empleados y quedó en firme el 23 de junio de ese mismo año.
Dicha disposición entrará en vigencia a partir del 23 de junio próximo “para todos los funcionarios judiciales, incluyendo a los magistrados”. En el Poder Judicial laboran 9.758 personas.
El “auxilio de cesantía” es una indemnización que el patrono les paga a los trabajadores cuando son despedidos con responsabilidad patronal o quedan cesantes.
Antes, el Poder Judicial tenía un tope de cesantía de ocho años; es decir, se pagaba un mes de salario por cada año de servicio hasta por un máximo de ocho años.
El aumento a 12 años regirá en momentos en que la crisis financiera obligó a la Corte a recortar gastos como, por ejemplo, la partida para el nombramiento de funcionarios sustitutos. La aplicación del ajuste será gradual.
A los empleados que salgan después del 23 de junio, se les pagarán nueve años de cesantía y a quienes salgan después del 23 de junio del 2013, 10 años. Quienes se retiren un año después, recibirán pago por 11 años y quienes se vayan al año siguiente, por 12 años.
Dicho incremento fue aprobado con el voto de 10 magistrados de los 17 presentes. En la sesión había cinco magistrados titulares y 12 magistrados suplentes.
Para conocer este tema hubo problemas para integrar la Corte, pues los magistrados titulares y los suplentes, que son jueces, se inhibieron tras alegar que cualquier decisión podría beneficiarlos.
Lío por fondos. Según el acta de la sesión del 2011, Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, advirtió en una nota: “Ni en el presupuesto 2011 ni en el presupuesto 2012, se han incluido recursos para atender el impacto que tendrá el aumento en el número de años, por el concepto de cesantía”.
Este hecho generó que la magistrada María del Rocío Carro Hernández solicitara un informe financiero para conocer el impacto económico en el presupuesto.
Francisco Arroyo Meléndez, jefe de Personal del Poder Judicial, quien asistió a la sesión, dijo que “efectivamente los recursos no están incorporados para disponer de ellos en este momento (...) pero hay que señalar que el Poder Judicial tiene modificaciones presupuestarias que podrían darle contenido”.
Indicó que anualmente se presupuestan plazas cuyo proceso de selección es más lento, lo cual genera pequeños ahorros que al final suman entre ¢3.000 a ¢6.000 millones, que podrían destinarse para cubrir el aumento del tope de cesantía.
Arroyo estimó que el costo será de unos ¢500 millones adicionales.
Alfredo Jones dijo a La Nación que, en acatamiento al acuerdo de los magistrados, “ ya se tomaron las previsiones presupuestarias para los años 2013, 2014 y 2015”.
Mientras tanto Francisco Gutiérrez Vivas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), alegó que la gestión para romper el tope se presentó porque hay otros empleados estatales a quienes se les reconoce hasta 20 años de cesantía.
Explicó que antes del año 2000 cuando un trabajador se jubilaba se le pagaban ocho años de cesantía u ocho meses a razón de 30 días cada mes. Empero, al entrar en vigencia la Ley de Protección al Trabajador cada mes se convirtió en 20 días.
“Eso significó que a los pensionados se les pagaba 160 días y ahora con 12 años la cesantía recobra el pago de los 240 días”, aseveró.