La Corte Plena discutirá hoy en una sesión si apoya el proyecto de ley que regula el uso de pulseras electrónicas para sacar reos de las prisiones.
El magistrado Carlos Chinchilla, de la Sala III, deberá rendir un informe al resto de sus compañeros, con el fin de que, entre todos, emitan un pronunciamiento.
El Proyecto Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal incluía inicialmente el uso de brazaletes solo para casos de prisión preventiva, libertad condicional y violencia doméstica como parte de una propuesta del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la Comisión Plena Tercera aprobó un texto sustitutivo que presentó la Defensa Pública para ampliar el beneficio a los condenados por primera vez a seis años de prisión o menos, mujeres con hijos menores y sentenciadas hasta por seis años, embarazadas y reclusos enfermos.
Estas últimas añadiduras generaron polémica, ya que, actualmente, unos 4.000 reos primarios, que descuentan seis años o menos, podrían salir de prisión.
Carlos Chinchilla mostró su oposición al proyecto, pues pondría en libertad a una gran cantidad de personas muy peligrosas.
Por el contrario, el magistrado José Manuel Arroyo, presidente de la Sala III, apoyó el plan si se aplicaba solo para delitos no muy graves y perfiles adecuados.
El Gobierno, incluso, retiró el plan, el pasado jueves, de las sesiones extraordinarias del Congreso, a la espera del criterio de la Corte.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, manifestó que, de eliminarse su propuesta, “la aplicación de estos dispositivos no tendría ningún impacto en la crisis penitenciaria que enfrenta el país”.
Sin plataforma. Actualmente, el Estado carece de una plataforma para el centro de monitoreo. Manrique Sibaja, director de Adaptación Social, aseguró que, con el préstamo de $1 millón del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberá definirse si se construye un centro de monitoreo o si se subcontrata una empresa.
Andrés Brenes, gerente de Proyectos de Tritec, y Antonio Robinson, de GPS Satélite, coincidieron en que ningún cuerpo policial estatal dispone de mapas digitales precisos ni plataformas adecuadas para la vigilancia con pulseras.
“El Estado no tiene capacidad de hacer eso. No tienen mapas, no tienen la dinámica ni la velocidad para lograr eso. El centro debe existir y, si no, se debe construir, con un nivel de precisión aceptable”, expresó Robinson.