El Poder Judicial demandó a las empresas constructoras Edica y Consultécnica debido a los daños causados por el terremoto del 5 de setiembre del 2012 en el edificio de los Tribunales de Justicia en Santa Cruz, Guanacaste.
El alegato fue presentado –como abogado del Estado– por la Procuraduría General de la República ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en Goicoechea, el lunes pasado.
Alfredo Jones León, director ejecutivo del Poder Judicial, explicó que la denuncia se planteó porque, tras una evaluación de los efectos del sismo en el edificio, se determinó que había diferencias entre lo que decían los planos y lo que se construyó.
“Tenemos un informe que dice que hay fallas y hay que determinar quién es el responsable. Eso nos lo tendrán que decir los tribunales”, afirmó Jones.
Ricardo Castro Castro, gerente de la empresa Edica, consideró como improcedente el reclamo pues lo sucedido no fue responsabilidad del constructor.
“Los daños estructurales ocurridos no corresponden a vicios ocultos ni de diseño ni de construcción, son menores y reparables con poco gasto.
”Estamos en la mejor disposición de conversar. No queremos ir a un proceso. No queremos pasar 5 o 6 años en un juicio. Les propusimos, y se nos ha aceptado, que nos sentemos a conversar sobre lo que pasó, lo que hay que arreglar y quién tiene que pagarlo”, dijo Ricardo Castro.
Mientras tanto, Marcela Arguedas Chaves, gerente de la firma Consultécnica, declaró: “Las revisiones hechas por terceros no han evidenciado ningún vicio oculto. El edificio cumplió con el Código Sísmico vigente. En resumen, la estructura no colapsó y los daños observados corresponden a daños no estructurales en su gran mayoría, y los que hay son puntuales y reparables”.
Secuelas. El edificio de los Tribunales de Santa Cruz fue diseñado por Consultécnica y lo construyó Edica. Ambas empresas informaron de que el proyecto se levantó según el Código Sísmico de 1986.
La obra se terminó en el 2002 y el año siguiente se inauguró.
Empero, tras el terremoto del 5 de setiembre se cayeron parte del repello y el cielorraso, y aparecieron grietas. El edificio fue cerrado nueve días y una revisión preliminar no encontró fallas estructurales importantes, pero el ala sur del tercer piso, la más afectada, está clausurada, y las oficinas ahí establecidas, reubicadas.
Tras la sacudida, la firma Hariel hizo una análisis sobre las repercusiones del terremoto y señaló por qué colapsaron algunas partes, manifestó Alfredo Jones.
El funcionario explicó que, debido a que el contrato de construcción dio un plazo de 10 años para reclamar “algún vicio oculto”, y ante el temor a la prescripción, demandaron por un monto que oscila entre ¢800 millones y ¢900 millones.
“Los 10 años se cumplieron el 2 de mayo y, aunque ellos están anuentes a conciliar, no podemos corrernos el riesgo de que se venza el plazo para reclamos. Además, la conciliación se puede dar en cualquier momento”, afirmó.
Agregó: “El Poder Judicial no duda de la capacidad técnica de las empresas ni afirma que una u otra es responsable. Lo que quiere es recuperar el dinero que se invirtió en en ese edificio y que, si hay responsabilidad, que lo paguen”.