La Corte Plena determinó que un proyecto legislativo para reducir la pena a las mujeres que meten drogas a las cárceles, presenta algunas incoherencias y debe ser más específico respecto al grupo que se quiere beneficiar.
En un dictamen emitido en la sesión del lunes 28 de mayo, los magistrados pidieron a los legisladores revisar las motivaciones del proyecto y la norma que se propone, pues afirmaron que no resultan coherentes.
El criterio fue en respuesta a una consulta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que pretende reformar el artículo 77 de la “Ley de estupefacientes, sustancias psicotrápicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” y su reglamento.
La idea es bajar el mínimo de la pena, que ahora es de ocho años de prisión, a tres años de cárcel para las mujeres que introduzcan droga a una cárcel, siempre que la imputada sea objeto de intimidación por parte de su pareja, o si hay presión por la condición socioeconómica de la infractora.
Para la Corte, “la forma en que se propone el texto podría no alcanzar los objetivos del legislador”.
José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera, explicó que lo que hicieron fue señalar incoherencias, pues, “si se quiere beneficiar al sector de las mujeres con vínculos efectivos con presos, así debería quedar dicho en el proyecto y no en términos generales, como está la redacción actual”.