La Contraloría General de la República (CGR) investiga una eventual culpa del ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, en el caso del robo de 215 armas de fuego de una bodega de la Policía de Tránsito en plaza González Víquez.
Según Navil Campos Paniagua, gerente de Investigaciones de la CGR, la pesquisa se abrió luego de que esa oficina recibiera, el 5 de marzo, un informe sobre el armamento sustraído, que fue preparado por la Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Ese informe está siendo analizado por nuestra unidad para determinar si los hechos planteados contienen, o podrían contener, alguna responsabilidad por parte del jerarca”, dijo Campos.
El funcionario agregó que también se está en el proceso de verificar si ese informe es el mismo al cual se refirió el ministro de Obras Públicas y Transportes, la noche del miércoles, en conferencia de prensa.
Entre tanto, Mariela Azofeifa, vocera de prensa de la CGR, señaló que el documento enviado por el MOPT consta de unos 60 folios y contiene hechos probados y eventuales responsabilidades de los cuadros de decisión.
Precisó que el proceso de análisis de la CGR podría durar varias semanas, tras lo cual pueden surgir diferentes opciones, como desechar el informe porque faltan datos, aceptarlo y aplicar las recomendaciones, o abrir una nueva pesquisa.
Transparente. Consultado Jiménez sobre la indagación de la CGR, manifestó: “No debe extrañar que la Contraloría analice si tuve eventual responsabilidad en el caso que se investiga. Todos los funcionarios públicos estamos expuestos a esa circunstancia”.
Según el ministro, “lo que sí debe quedar claro es que, cuando se remite el informe al órgano contralor, se hace en procura de la total transparencia del proceso de investigación para que sea la Contraloría, como órgano externo al MOTP, la que determine los procedimientos que correspondan”.
El ministro Jiménez reiteró que no conocía el contenido del informe y que, como jerarca, debe esperar los resultados y acatar las disposiciones que en su momento emita la Contraloría.
“Me parece muy bien la decisión de la Auditoría Interna del MOPT de remitir el informe, seguro de que, por la gravedad de los hechos ocurridos, se garantiza total objetividad de los procesos que se estimen correspondientes”, agregó.
El robo de las armas ocurrió en la madrugada del 30 de enero, cuando el local de la Policía de Tránsito era custodiado por un vigilante y las armas, marca Glock, permanecían en una bodega que tenía solo un candado.
Hasta el momento se han recuperado 73 pistolas (56 halladas en Concepción de Alajuelita y 17 en ciudad de Panamá). Todavía faltan por ubicar 142.
Debido a este hecho, el MOPT suspendió del cargo al director de la Policía Tránsito, César Quirós Mora; al jefe administrativo de esa dirección, Gerardo Aymerich; al encargado de la Armería, Andrés Bermúdez, y al jefe de la bodega, Cristian Bagnarello.