Los clientes de los clubes de viajes de Otec pidieron a la Fiscalía investigar el cobro judicial, que calificaron de exagerado, por presuntos atrasos de pago.
La gestión la fundamentaron en que ellos habían firmado un pagaré con la empresa Otec para tener un club de viajes, por el cual pagaron decenas de cuotas, y, ahora, otra compañía, llamada Quadrant Factoraje S. A., les cobra –por vía judicial– la totalidad del monto suscrito en el pagaré, más los intereses.
Carlos Manuel Vega, uno de los afectados, señaló que en las demandas no toman en cuenta los adelantos hechos, y, además, afirmó que temen un posible embargo de los salarios.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que desde agosto pasado la Fiscalía de Fraudes está investigando todos los hechos relacionados con Otec, como el proceso de quiebra y el cobro de los pagarés, pero que, de momento, no se podían suministrar detalles, pues es un asunto en proceso.
Gisella Chaves, de la Dirección de Estudios Económicos, del Ministerio de Industria, Economía y Comercio (MEIC), afirmó que fiscales decomisaron los expedientes sobre el caso de Otec. Agregó que, con base en los estados financieros, la empresa no mostraba tener dificultades de índole económica.
El abogado José Alberto Monterrosa, quien representaba a Otec, manifestó que desde hace dos meses dejó de laborar por desacuerdos con esa compañía.
Agregó que desconoce el paradero de los dueños.
Aunque se intentó conversar con el abogado Roberto Borbón, representante de la firma Quadrant Factoraje, en su oficina dijeron que estaba en un juicio. Tampoco respondió los mensajes dejados en el celular.
La empresa Otec cerró en los primeros días del mes de julio, luego de que decenas de viajeros se quedaron varados en diversos países, pues no estaban pagados los respectivos boletos aéreos.
Ese hecho se produjo después de que, en setiembre del 2009, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) demandó penalmente a Otec por “retención indebida” del impuesto del 5% sobre los pasajes internacionales
Asimismo, en febrero de este año, el ICT planteó otra demanda penal por “evasión fiscal”.