Las pesquisas de la Cicig en torno al homicidio de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) apuntaron a los más altos estratos de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Así consta en los informes de esa comisión, entre estos uno fechado el 13 de febrero del 2009.
Ese documento quedó en conocimiento de quien para la época rigiera la Cicig, Carlos Castresana.
El organismo internacional sospechaba que parte de la cúpula policial de Guatemala actuó como un grupo de crimen organizado.
Según se acusó, amparados en su investidura legitimaron sus actuaciones delictivas consistentes en ejecuciones extrajudiciales (entre estas dos en presidios), asesinatos y tumbonazos (robos) de droga.
La Cicig cree que el asesinato de los diputados tuvo como móvil el robo una importante cantidad de dinero –al parecer $5.000.000– que una de las víctimas llevaba en un compartimento secreto del carro.
La pesquisa no alcanzó para verificar el origen del dinero.
En la mira. El equipo de la fiscala Giselle Rivera gestionó órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielman; el exjefe de la división de Investigaciones Criminalísticas (DINC), Víctor Soto, y el jefe de la Policía Nacional Civil, Edwin Spiresen, entre otros.
Otro sospechoso, el venezolano Víctor Rivera (asesor de Vielman), fue asesinado en circunstancias extrañas.
La solicitud de captura no contó con el aval de Carlos Castresana, por lo que el asunto quedó ahí. Soto más bien fue citado en el juicio, pero en calidad de testigo.
Los autores del crimen eran hombres a su cargo. El exjefe policial negó cualquier vinculación con la muerte de los diputados salvadoreños.