El caso premiado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la segunda mejor investigación policial del año 2010 tuvo un duro traspié en el proceso judicial, pues el Juzgado Penal de Turrialba dejó ayer en libertad al único sospechoso detenido.
Se trata del homicidio de Johanna María Ulloa Avendaño, de 24 años, una vecina del barrio San Martín, en Juan Viñas, cantón de Jiménez, Cartago, asesinada la mañana del 9 de setiembre del 2009, cuando se dirigía hacia el centro de la localidad por una calle de lastre rodeada de cañales.
Por el crimen el OIJ detuvo a un hombre de apellido García, de 35 años, vecino de Alajuelita, San José. La principal prueba para capturarlo fue que él se encontraba en la zona de Juan Viñas y, además, tenía antecedentes por ataques sexuales.
Tras el arresto, tanto a García como a otros dos posibles imputados les tomaron una muestra de semen para compararlo con el obtenido en el cuerpo de la víctima.
Descartado. La Medicatura Forense entregó el resultado el pasado 24 de diciembre y detalló que el semen encontrado a la víctima no correspondía a ninguna de las tres muestras aportadas, confirmó ayer Rangel Batres López, coordinadora de la Defensa Pública de Cartago, oficina que representa al detenido.
García fue liberado ayer tras una audiencia realizada en la mañana en el Juzgado Penal de Turrialba. Al sospechoso le impusieron medidas cautelares como no acercarse a la zona de Juan Viñas, impedimento de salida del país y firmar cada 15 días.
La Oficina de Prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía apeló la decisión del Juzgado.
Se intentó hablar con el director del OIJ, Jorge Rojas, pero ayer en la tarde no contestó los teléfonos.
Reacciones. El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, dijo que en este caso hay un evidente error en la investigación policial.
“Por andar en carreras se dejaron llevar por indicios circunstanciales, sin esperar a la prueba de ADN. La lógica establece que se debe esperar a tener todas las pruebas antes de proceder a la detención”, aseguró el Fiscal General.
Chavarría manifestó que, aunque el Ministerio Público es el que realiza la acusación, es la Policía la que les detalla el hecho y señala a los imputados.
“El problema es que se aplicó una práctica policial que ellos llaman ‘resolución policial del caso’, y lo dan como si fuera la resolución definitiva. Un investigador de experiencia sabe que, antes de pasar el informe al Ministerio Público, tienen que tener la confirmación, aunque sea verbal, del biólogo sobre el resultado de los análisis. No esperaron a que estuviera el resultado del examen de ADN”, afirmó Chavarría
El jefe del ente acusador del Estado calificó como “una novatada la forma de investigar”, y agregó que se asemeja mucho a las investigaciones que se realizaban en la década de los años 60.
El Fiscal General de la República negó que la fiscala a cargo del asunto cometiera algún error. “Más bien, ella fue la que buscó el resultado del análisis y lo comunicó” , agregó.
Entre tanto, Gerardo Ulloa, padre de la mujer asesinada, se mostró muy preocupado por la liberación del imputado. “No puede ser posible que lo dejaran en libertad. Ahora puede tomar represalias contra nosotros”, afirmó.