El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la pretensión del escritor José León Sánchez Alvarado para que el Estado lo indemnizara con $2 millones por haber descontado 30 años de prisión de manera injustificada.
El fallo, adoptado el jueves 16 de febrero –pero que trascendió ayer en la página en Internet de Radio Reloj–, se debió a que los jueces consideraron que la acción civil estaba prescrita.
El Tribunal, compuesto por los magistrados de la Sala Primera Óscar Eduardo González Camacho, Anabelle León Feolli y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, señaló que la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 198, establece que el derecho de reclamar una indemnización contra el Estado prescribe en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad.
En este asunto, precisaron, el hecho que genera el reclamo surgió el 14 de octubre de 1999, cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia absolvió de toda pena y responsabilidad a José León Sánchez por “homicidio con ocasión de robo” de las joyas de la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, hechos que ocurrieron el 13 de mayo de 1950 en Cartago.
El Tribunal señaló que la demanda de José León Sánchez se presentó el 13 de octubre del 2009, cuando habían “transcurrido sobradamente los cuatro años dispuestos en la norma”.
El abogado Gerardo Enrique Rojas Solano, quien ayudó al escritor en este tema, dijo que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, en su criterio, el Estado debe asumir la responsabilidad por haber mantenido a Sánchez 30 años en prisión por un “horror judicial”. Agregó que es muy factible obtener en esa instancia un fallo favorable.
‘Nueva sentencia’. José León Sánchez, quien tiene hoy 83 años, dijo ayer a La Nación que esta resolución del Tribunal de Casación representa una nueva sentencia.
Explicó : “No solamente me niegan una reparación, sino que se me ha impuesto una nueva sentencia. Por el terrible delito de haber ejercido mis derechos constitucionales de buscar una reparación a las torturas que un día se me aplica ron, se me ha impuesto una sentencia nueva y tengo que pagar al Estado de Costa Rica la suma de $300.000, pues se me condenó al pago de las costas del proceso”.
Agregó : “ Se me ha impuesto una nueva pena que me convierte en una persona insolvente para el resto de mi vida”.
El escritor dijo: “Al no estar conforme con esta última sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, es que me haré presente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya que los delitos que emergen de la tortura y el genocidio no prescriben nunca”.