El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizó la extradición a los Estados Unidos de ocho de sus conciudadanos, entre estos un capo y un emisario de los carteles que contrajeron nupcias con ciudadanas ticas para obtener aquí beneficios migratorios.
Los dos extranjeros figuran ante la Fuerza Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) como sospechosos de utilizar Costa Rica como plataforma para traficar toneladas de cocaína.
La lista incluyó a Silvio Montaño Vergara, supuesto líder de un cartel que obtuvo la nacionalidad tica en el 2006 tras contraer nupcias con una indigente. Las autoridades colombianas lo aprehendieron en Cali en enero pasado.
Montaño es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Washington. La Nación tiene copia del documento legal.
Entre los extraditables también figura Byron de Jesús González Vásquez, capturado en Colombia en febrero durante una “barrida” para detener a colaboradores de los principales carteles de ese país.
González vivió aquí a principios de la década, primero como refugiado y luego como esposo de una mujer que le doblaba la edad.
Aparte de los ocho extraditables requeridos por los Estados Unidos, Colombia aceptó entregar a otros conciudadanos a España y al Ecuador. La decisión fue anunciada la semana pasada.
El caso Montaño. Silvio Montaño es vinculado con una organización que entre diciembre del 2008 y abril del 2009 movilizó, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, nueve toneladas de cocaína a través de Costa Rica, Honduras y Panamá.
En el Tribunal de Columbia (Washington, Estados Unidos), el capo tiene pendientes seis causas por manufactura, posesión y distribución de narcóticos en jurisdicción estadounidense.
El fiscal Stephen A. Sola presentó la acusación el 19 de enero pasado. Él sostiene que Montaño, el fiscal colombiano Ramiro Anturi Larrahondo y otras ocho personas se confabularon, entre octubre del 2008 y el 4 de abril del 2009, “para distribuir cinco kilogramos, o más, de cocaína en territorio estadounidense”. El 15 de mayo, el caso llegó al conocimiento del Gran Jurado.
La acusación identifica a Montaño con los alias de Antonio, Don Rafa, Rafael y Padrino. Al fiscal lo identifican con el alias Doctor.
El diario colombiano El Espectador dio cuenta de la nota que el gobierno estadounidense envió a su homólogo de Colombia para solicitar la extradición de Montaño.
El documento asegura que Marlon Valencia (el socio de Montaño) sobornó al Fiscal –para la época delegado ante las Fuerzas Militares– “con el fin de detener los detalles de la investigación colombiana y estadounidense para entorpecerla a como diera lugar”.
Mediante intervenciones telefónicas, la Fuerza Antidrogas de los Estados Unidos confirmó que la lancha que encalló el 1.° de diciembre del 2008 en la desembocadura del río Jesús Jiménez, Tivives (Esparza), con 2.600 kilos de cocaína, pertenecía a la organización de Montaño y Valencia.
Un día después, otra lancha del grupo fue detenida en aguas panameñas. Los paquetes tenían como distintivo calcomanías de dos caricaturas: Piolín y Silvestre.
Estados Unidos catalogó la extradición de Montaño y del fiscal como “de carácter urgente”.
A raíz de la aprehensión de Montaño en Colombia, las autoridades ticas se lanzaron tras sus contactos en ese país. Aquí, la organización creó unas 100 sociedades anónimas, por medio de las cuales compraba y vendía propiedades.
El grupo adquirió un terreno de 10.000 m2 en la playa Guacalillo de Tárcoles, Garabito. Las autoridades detuvieron a cuatro costarricenses el 4 de marzo anterior.
Montaño se casó aquí con la aparente finalidad de evitar que lo deportaran en caso de ser detenido en Costa Rica.