La coordinadora de crédito del Banco Popular de San Ramón fue detenida ayer en su casa por la Fiscalía de Narcotráfico que le atribuye el delito de supuesta legitimación de capitales (lavado).
Según las autoridades, desde su puesto en el Popular, la funcionaria, de apellidos Hidalgo Hidalgo, de 34 años, habría prestado servicios a un tico de 53 años, de apellido Mora, y a una mujer de 42, de apellido Alfaro, vinculados al cartel mexicano de Michoacán.
La “Familia Michoacana” como también se le llama es una organización criminal dedicada al narcotráfico y a diversas actividades ilícitas, con su base de operaciones en Michoacán, México.
Guillermo Hernández, fiscal general interino, indicó ayer en conferencia de prensa que la pareja se dedicaba a comprar bienes (fincas y vehículos) para legitimar dinero proveniente de la actividad del narcotráfico.
“Lo que hacían era pedir dinero prestado al Popular para justificar los ingresos en las cuentas de ellos, pero inmediatamente los cancelaban”, manifestó el fiscal.
La funcionaria bancaria, dijo, facilitaba a la pareja el acceso a los créditos y los asesoraba para evadir los controles financieros y camuflar así el lavado de dinero.
Armando Rojas, asesor jurídico del Banco Popular, afirmó que a inicios del 2009, ellos detectaron operaciones sospechosas en los créditos asignados a la pareja y a las empresas mercantiles que ellos representan.
Por eso, denunciaron el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, (ICD) donde comenzaron una investigación en conjunto con la Fiscalía.
Rojas aseguró que Mora y Alfaro están vinculados con un préstamo millonario madre, que tiene varios subcréditos a nombre de otras sociedades. La Fiscalía señaló que se asignaron unos 15 créditos en dos años.
Relación. En junio del 2010, la Policía de Control de Drogas, detuvo a 19 personas, relacionadas con el tráfico de dos toneladas de cocaína de la “Familia Michoacana” aquí.
Uno de los detenidos, de apellidos Campos, alias Fortachón, era uno de los vínculos con la organización mexicana.
Según la Fiscalía, un mes después de la captura de Campos, este traspasó los bienes que administraba a la sociedad Kardani ABC, controlada por la pareja detenida ayer. La mujer, de apellido Alfaro, figura en el Registro Nacional como presidenta de esa sociedad, la cual posee varias propiedades en San Ramón de Alajuela.
Cuatro de los bienes están hipotecados por un monto que asciende a los ¢250 millones en total, en el Banco Popular.
Una de las fincas, de 2.088 metros cuadrados, tiene una hipoteca por ¢100 millones desde mayo del 2007 y otra de 5.562 metros cuadrados está hipotecada en ¢67 millones desde octubre del 2007.
Ante una consulta de La Nación, Armando Rojas, asesor jurídico del Banco, señaló que no es posible conocer, por ahora, si esas propiedades se utilizaron para legitimar capitales.