El año pasado, el Ministerio de Justicia pagó ¢5.500 millones al Consejo Nacional de Producción (CNP) en suministros para la alimentación de los privados de libertad de todo el país.
Pese a que esa cartera sacó a concurso una licitación para dejar de comprarle al CNP, el ministro de Justicia, Fernando Ferraro, aseguró a La Nación que esta semana se reunieron con los jerarcas del CNP.
El presidente de la entidad, William Barrantes, explicó que en esos encuentros reafirmaron al ministro el objetivo del programa de abastecimiento institucional: “convertir el gasto corriente en una inversión social en favor de los pequeños productores”.
“Tuvimos la oportunidad de ver cuáles son las áreas de cooperación y trabajo conjunto en el Ministerio con el CNP para resolver los problemas de atención a los centros de detención.
”Encontramos formas de establecer, mediante mecanismos de cooperación interinstitucional, la logística para abastecer a los centros. Vamos a cumplir metas específicas de abastecimiento para no fallar y tener planes alternativos cuando alguna organización de productores falla y establecer mejor programa de comunicación”, exteriorizó Barrantes.
De acuerdo con lo estimado por Barrantes, si todas las instituciones del Estado le compraran productos a los pequeños productores a través del CNP, la inversión sería de ¢80.000 millones, pero a la fecha solo recibe ¢20.000 millones.