El dueño del pesquero Hung Chi Fu XII pagó finalmente ¢62 millones tras aceptar en una audiencia de conciliación la pena impuesta por infringir la Ley de Pesca en lo referente al aleteo de tiburón.
El acuerdo se firmó el pasado 19 de abril, cuando los propietarios orientales de la embarcación, con bandera de Belice, entregaron el dinero y retiraron el navío, que permanecía en depósito judicial desde el 2 de marzo del 2011.
Esta resolución, calificada por el fiscal ambiental Luis Diego Hernández Araya como un gran acierto, se tramitó en el Tribunal de Flagrancias de Puntarenas, y es la primera sentencia condenatoria importante que se logra por pesca ilegal luego del fallido intento de sancionar el barco Tiuna, interceptado en enero del 2008 pescando en las aguas protegidas de Isla del Coco, y que generó un sentimiento de frustración entre los acusadores.
Héiner Méndez, asesor jurídico del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), dijo que la sentencia “nos hizo olvidar un poco el caso del Tiuna, el cual está en el limbo pues el capitán huyó del país y el barco fue dejado libre”.
Antecedente. El Hung Chi Fu XII fue detenido el 2 de marzo del 2011, cuando descargaba tiburones sin aletas en el muelle del barrio El Carmen, en Puntarenas.
En esa ocasión se comprobó que descargaron 18.000 kilos de cuerpo de tiburón (llamado vástago) y 2.000 kilos de aleta.
Durante un juicio tramitado de manera rápida en el Tribunal de Flagrancias de Puntarenas, se condenó el 23 de marzo del año pasado al capitán de la embarcación Tsai Yu al pago de 60 salarios base. Esa pena fue apelada ante el Tribunal de Apelación de Sentencias de San Ramón, que el pasado 31 de enero ratificó la pena contra el capitán y ordenó un juicio de reenvío para analizar el aspecto civil.
Luego de tres audiencias celebradas los días 12, 18 y 19 de abril de este año con la empresa dueña del barco, representada por el abogado Víctor Herrera Flores, se llegó a una conciliación, en la cual los infractores pagaron ¢28 millones (por la pena al capitán), ¢18 millones para cubrir los gastos de mantenimiento del barco que estaba en depósito judicial, y ¢16 millones que estaban en depósito tras la venta del producto que llevaba el barco.
Jurisprudencia. Aparte del logro económico, el Tribunal de Apelaciones ratificó que los pescadores dedicados a la pesca de tiburón deben traer los cuerpos enteros y con las aletas adheridas en forma natural. La disposición consta en la sentencia 2012-00021.
Tatiana Chaves Lavagni, fiscala adjunta de Puntarenas, explicó que en materia penal se establece que el tiburón debe venir entero y, si le arrancan la aleta, se lesiona el bien jurídico y se comete un delito. “Eso se considera reprochable, porque violenta el principio de sostenibilidad de la pesca y el aprovechamiento integral del recurso pesquero. La Ley solo permite sacar las vísceras y hacer cortes longitudinales para facilitar el sangrado y evitar la contaminación. Se sentó un precedente, y ahora muchos están cumpliendo”, concluyó.