Ricardo Álem León, condenado a 20 años de cárcel en diciembre del 2010, saca provecho aún a la bodega donde la Policía encontró 30 kilos de cocaína.
En la actualidad, la propiedad, situada en La Uruca, San José, y donde funcionan varios establecimientos comerciales, está en depósito judicial a favor de la Corporación Rical, pese a que desde el 19 de agosto del 2011 el Tribunal de Casación Penal de Goicocechea confirmó su comiso a favor del Estado.
En esa ocasión los jueces ordenaron inscribir el terreno –que mide 1.823 metros cuadrados– a nombre del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), acción que se concretó en el Registro Nacional el 9 de noviembre del 2011.
Carlos Alvarado Valverde, director de ICD, dijo que no han podido tomar el inmueble porque “nunca fue entregado al ICD en depósito judicial”.
Además, manifestó: “Nicole Álem Soto (hija de Ricardo Álem) les informó acerca de la interposición de un proceso contencioso administrativo que tiene como pretensión recuperar la propiedad”.
Agregó que están a la espera del desarrollo del proceso para tomar decisiones.
Entre tanto, Francisco Campos Bautista, abogado de Álem, confirmó que acudieron a un proceso contencioso administrativo, porque dijo que la bodega no pertenecía a Ricardo Álem, sino a los socios de la Corporación Rical.
“Cómo le van a quitar algo que pertenece a terceras personas. Hay un error judicial grave. Nos vamos a reservar un poquito sobre la demanda porque está en sede judicial”, manifestó.
Antecedente. La bodega mencionada fue allanada en agosto del 2008 por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes encontraron 30 kilos de cocaína. Ese hecho fue fundamental para que el Tribunal de Juicio de Goicoechea condenara a Ricardo Álem a 20 años de prisión.
En esa ocasión se ordenó el comiso de la bodega a favor del Estado, decisión que luego fue ratificada por el Tribunal de Casación.
El hecho de que la bodega todavía la utilice Alem, lo hizo público el abogado Alonso Salazar Rodríguez en una denuncia que presentó el 6 de febrero pasado ante la Corte Suprema de Justicia.
Salazar, quien actuó en representación de la empresa Inmobiliaria La Niña S. A. ( la cual también reclama esa propiedad) se quejó de la jueza del Juzgado de Cobro Judicial de San José, Nathalie Palma Miranda, por suspender el 17 de enero pasado una acción judicial en que entregaba el inmueble a Amancio Cerdas Fernández, presidente de Inmobiliaria La Niña.
La decisión la tomó la jueza porque ese mismo día se enteró de que la propiedad estaba inscrita a nombre del ICD, por orden de un Tribunal Penal.
La empresa Inmobiliaria La Niña S. A. reclamó la bodega debido a una deuda de Alem por $150.000.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó de que la denuncia pasó al Tribunal de la Inspección Judicial para determinar si existió alguna irregularidad en la tramitación del proceso.
Como parte del proceso, se solicitaron los expedientes tramitados tanto en el Juzgado de Cobro como en el área penal.