La empresa francesa Alcatel Cit giró $14 millones al bufete Servicios Notariales Q. C. como pago por la asesoría (lobby) en nuestro país para lograr contratos de telefonía.
El dato lo suministró ayer María José Unzurrunzaga, directora jurídica de Alcatel Francia, durante el juicio ICE-Alcatel que se realiza en el Tribunal de Juicio de Hacienda, en Goicoechea.
La testigo dijo que luego de que trascendieron los hechos anómalos por la contratación de las 400.000 líneas para la telefonía celular, descubrieron que Servicios Notariales era propiedad de un familiar (Luis Adrián Quirós) del presidente de Alcatel Costa Rica (Édgar Valverde).
“Lo que tampoco sabía Alcatel era que Servicios Notariales no era lo que se nos había dicho que era. Era una firma pequeñita de abogados que no estaba especializada en los servicios de lobby que se sabía era necesario desarrollar en Costa Rica”, explicó.
Demanda. Unzurrunzaga agregó que durante las investigaciones internas descubrieron que Servicios Notariales no hizo lobby y que en determinado momento Alcatel Cit se sintió estafada, por lo que presentó una demanda penal.
Explicó que esta acción judicial la iniciaron porque “Valverde propuso una firma de consultoría que no era idónea para la prestación del servicio, el cual no estaba brindando y que ellos mismos se enriquecieron a título personal”.
María José Unzurrunzaga agregó : “Era responsabilidad de Valverde contratar un consultor y proponer el candidato más idóneo que se necesitaba para el país. Se propuso la necesidad y Alcatel aprobó la contratación”.
Reconoció –durante el interrogatorio al que fue sometida por la fiscala Greysa Barrientos y el representante del ICE, German Calderón– que hubo una falta de controles internos “ para impedir que dos empleados pagaran sobornos a empleados públicos” en el país.
Pugna por declaración. Durante la audiencia de la tarde se produjo una pugna cuando la testigo –ante una pregunta de la fiscala Barrientos– intentó incorporar parte de una declaración que Édgar Valverde entregó en octubre del 2004 al Ministerio Público. Esto porque Unzurrunzaga recibió una copia de ese documento.
Érick Ramos, defensor de Valverde, dijo que eso era ilegal porque su defendido se había abstenido de declarar. Aunque el Tribunal admitió que se refiriera a esa declaración, la testigo dijo no recordar con precisión lo dicho por Valverde.