Ocho años atrás, Juan Barquero Esquivel, hoy de 55 años, era un experimentado chofer de bus, pues llevaba ya más de dos décadas en ese trabajo.
Sin embargo, la vida empezó a cambiarle una noche del 2008, mientras conducía una unidad de la ciudadela López Mateos en San Sebastián, San José.
A las 7:40 p. m., cuando manejaba el bus en el que viajaban 40 pasajeros, unos asaltantes lo atacaron y lo patearon.
Según recuerda, se ensañaron contra él porque no llevaba mucho dinero. Aquella golpiza le ocasionó la pérdida de movilidad en el brazo derecho.
Dos años más tarde, el destino le jugó otra vez una mala pasada. Esta vez, llevaba un autobús con 10 pasajeros, en Concepción de Alajuelita, cuando volvió a ser atacado y golpeado. A partir de entonces, las lesiones en las rodillas y las vértebras cervicales y lumbares le impidieron volver a su oficio, dijo.
Él interpuso un juicio contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), luego del cual la entidad le pagó por tener un “impedimento menor permanente”.
Durante cinco años, hasta enero de este año, percibió un monto mensual de ¢73.000.
Sin embargo, cuando se venció el periodo en que debía recibir ese pago, su situación se agravó, pues ya no puede volver a conducir bus. Actualmente, usa muletas para caminar, porque no puede sostenerse en pie, aseveró.
Barquero no es el único chofer de bus cuya vida ha quedado expuesta ante los delincuentes. En los últimos 15 meses, cada semana, al menos un conductor ha sido víctima de asalto.
De enero del 2015 a marzo del 2016, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha registrado 101 casos.
A inicios de este año, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que en el segundo semestre se implementaría el cobro electrónico en buses. Eso podría evitar los múltiples asaltos a conductores, pues permitiría a los usuarios pagar con tarjeta de crédito, débito o prepago y así los choferes portarían poco dinero.
Reto de subsistir. Barquero siempre fue chofer de bus. Laboró en eso desde los 24 años de edad y lo hizo durante 26 años, en rutas como Tibás, Sabanilla, Desamparados, Zapote y López Mateos.
Es padre de tres hijos, una de ellas, menor de edad.
Ahora, para subsistir y pagar una pensión alimentaria a la hija de nueve años , cada mañana sale de su casa con muletas y, en San José, vende lapiceros y golosinas en las paradas de los mismos servicios de transporte donde antes fue chofer.
Con esos ingresos, cancela la obligación con la niña, paga el alquiler de una pequeña casa en San Juan de Dios de Desamparados y se alimenta.
A eso de las 2 p. m., regresa a su casa donde a diario debe tomar tratamientos para controlar el dolor: 30 gotas de tramadol y otras 10 pastillas distintas. Los medicamentos le provocan sueño y no le queda más que permanecer en su casa el resto del día.
En enero de este año tuvo una cita en Ortopedia del Hospital San Juan de Dios, donde debían programarle una de las operaciones que requiere. Sin embargo, para ello le pidieron bajar 30 kilos de peso. Eso le será especialmente difícil pues, además, padece de la tiroides.
Aunque ha solicitado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una pensión por invalidez, esta se le ha negado por no tener incapacidad total.
La CCSS indicó a La Nación que si su condición ha empeorado, puede pedir que se le haga un nuevo estudio.