Abogado reclama ¢1.900 millones por agresión policial

Le quebraron varios dientes y hueso de la quijada de un solo golpe

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Un abogado y representante de inversionistas extranjeros alega haber sido “brutalmente agredido” por varios policías y demanda al Estado el pago de ¢1.900 millones por daños y perjuicios.

Se trata de Felipe Beeche Pozuelo, de 47 años quien planteó la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San José, donde ya dieron trámite al cuantioso reclamo.

El profesional alega que fue golpeado, “sin razón alguna”, la madrugada del 21 de julio del 2009 por oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron en el barrio La California, en San José.

“Detuve mi auto pues tenía una patrulla adelante y otra atrás. Bajé para que ver qué pasaba y, sin motivo alguno, me dieron un brutal golpe en la boca con el bastón policial”, aseguró .

En su acusación, Beeche aseguró que le desprendieron tres dientes, además de sufrir fracturas en la mandíbula y una hemorragia abundante. Los policías se rehusaron a llamar a la Cruz Roja, dijo.

“Estaba escupiendo sangre, dientes y carne y no me ayudaron”, afirmó el abogado.

Tras varios minutos de confusión, Beeche manifestó que pudo abordar un taxi informal y trasladarse hasta una clínica privado donde fue atendido inicialmente. Dejó su auto al cuidado de un amigo, Yoneisys Álvarez, a quien los policías detuvieron durante algunas horas.

Posteriormente, Beeche averiguó datos sobre las dos patrullas, así como la identidad de los cuatro policías, los que aportó en su acusación. Son de apellidos, Zárate, Solano, Rojas y Camacho. De ellos, ayer solo fue posible localizar a Zárate, quien dijo no haber sido notificado ni conocer del caso.

El Ministro interino de Seguridad Pública, Mario Zamora, dijo: “Esperamos que se aclare todo en la vía legal pero no puedo comentar nada por estar en proceso”.

Beeche se sometió a varias operaciones y, según dijo, “sufrí dolores terribles que afectaron mi desempeño profesional”.

Alega que forma parte de un pequeño grupo de profesionales autorizados para recibir y administrar recursos de inversionistas extranjeros en nuestro país. “Tuve que atender a muchos clientes sin dientes, fue penoso”, afirmó. El caso llevará varios meses o años para ser resuelto.