Dos propiedades y 10 vehículos que pertenecen a cinco funcionarios del MOPT servirían de garantía para pagar las pérdidas por el robo de un lote de armas de la Policía de Tránsito, en enero pasado.
Se trata de bienes inscritos a nombre de las personas contra quienes la Contraloría General de la República (CGR) abrió, el pasado 22 de octubre, un procedimiento administrativo por esa causa.
Aunque, en total, se investiga a seis funcionarios, uno de ellos no registra bienes.
Las personas indagadas son: el exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez; el exdirector de la Policía de Tránsito, César Quirós; el jefe del Departamento Administrativo de Tránsito, Gerardo Aymerich; el subjefe de ese Departamento, Ricardo Chavarría; el exjefe de la Unidad de Trámites Administrativos, Rigoberto Ugalde; y el jefe de la Armería, José Andrés Bermúdez (sin bienes).
Como una medida cautelar, la entidad resolvió “la anotación del presente procedimiento al margen de los asientos de inscripción” de las fincas y los carros, según se detalla en la resolución.
La disposición no impide vender o traspasar las propiedades, pero, en caso de que los funcionarios sean hallados responsables, esos bienes deberán serán usados para reintegrar el dinero a la Hacienda Pública, sin importar quién es su dueño.
El robo de las pistolas, marca Glock y calibre 9 milímetros, ocurrió el pasado 30 de enero, cuando se encontraban en una bodega en plaza González Víquez.
Según estimó la CGR, las pérdidas por esa sustracción ascienden a ¢213,8 millones. Esa cifra corresponde al costo de reposición de 135 armas –de las 215 sustraídas– que no fueron recuperadas (¢46,6 millones) y al gasto en que incurrió el Ministerio de Seguridad por la búsqueda del armamento (¢167,1 millones).
Faltas. Según la Contraloría, los funcionarios investigados “pudieron propiciar un ambiente vulnerable, ayuno a controles adecuados que aumentaron el riesgo de que dichas armas fueran robadas”.
Por ello, les imputó faltas como el incumplimiento de deberes.
Las sanciones podrían ir desde una amonestación escrita hasta la separación del cargo sin responsabilidad patronal.
Ayer, la Contraloría informó de que solo una persona no ha sido notificada del proceso.
Consultado por La Nación , el exministro Jiménez dijo estar fuera del país y no haber sido notificado.
Mientras, Quirós declinó hablar sobre el tema.
Por su parte, Aymerich confirmó que fue notificado y que ya presentó argumentos de defensa.
Según el expediente que está en la Contraloría, este funcionario entregó 42 pruebas de descargo. Entre ellas, se encuentran documentos que datan del 2010, en las que Aymerich solicitó la compra de más cajas de seguridad con el fin de “mantener el resguardo y protección de las armas”.
Asimismo, señaló que su cargo, carecía de autoridad “no solo para ordenar, sino que no se tiene ni la competencia ni investidura para tomar decisiones”.
No fue posible contactar a los otros funcionarios implicados.