Las mujeres de América Latina afrontan complicaciones para acceder a los servicios de salud y a controles prenatales, aspectos que aunque se dan "por obvios" , aún son muy difíciles en la región.
Así lo aseguró Fernanda Doz Costa en una entrevista a la agencia EFE. Doz es autora de un informe sobre la "violencia institucional " contra las mujeres de la región en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, publicado hoy, 7 de marzo de 2016, por la sección americana de Amnistía Internacional (AI)
El informe recoge historias de siete países de la región y que plasman las dificultades que se viven por las legislaciones restrictivas contra los derechos o las que son permisivas con los responsables de la discriminación contra la mujer.
Una de estas historias es la de Teodora, una salvadoreña que fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo.
Otra es la de Rosaura, una joven de República Dominicana de 16 años que falleció por no recibir a tiempo el tratamiento para la leucemia, ya que se encontraba desarrollando un embarazo que no le permitieron interrumpir, aunque presentaba signos de daño fetal.
El Salvador y República Dominicana son dos de los siete países de la región en los que el aborto está totalmente prohibido, sin excepciones.
También en Paraguay, donde ocurrió el año pasado una historia que dio la vuelta al mundo, la de Mainumby, una niña de once años que se vio obligada a continuar con su embarazo, fruto de una violación.
Abortos clandestino
Según la autora del informe, "está absolutamente probado que las prohibiciones no disminuyen los abortos". Estos se siguen produciendo en condiciones de riesgo. A esto se le suman situaciones que se dan en países donde, aunque la interrupción está despenalizada por completo o en supuestos determinados, hay profesionales de la salud que imposibilitan estas intervenciones por convicciones propias.
El informe subraya la importancia de los estereotipos y roles de género por las que pervive el concepto de "mujer-madre" impulsado desde el catolicismo y tomado también por otras iglesias; aún así, dentro de estos credos hay asociaciones que discuten los preceptos inculcados por las jerarquías, destaca la investigadora.
Otro de los aspectos analizados en el reporte es el de las esterilizaciones forzadas, realizadas sin el consentimiento de las mujeres o incluso como un instrumento de las políticas públicas.
En Perú, como parte de un programa nacional de salud reproductiva desarrollado entre 1996 y 2000, se produjo un elevado número de esterilizaciones forzadas a mujeres -más de 270.000, según cifras de la Defensoría del Pueblo-, la mayoría indígenas y en condiciones de pobreza, reporta Amnistía.
En la actualidad, la esterilización sin informar plenamente a la paciente se sigue practicando en zonas de México y Centroamérica en mujeres que son VIH positivo.
En casos como este, opina Doz Costa, es como si se les dijera a las mujeres "ustedes no pueden decidir" , de lo que se desprende un cierto paternalismo que indica que siempre tiene que haber detrás de la mujer un "médico o funcionario" que decida por ella y que sea, eso sí, "varón".