Fue el 11 de setiembre de 2018 cuando en el Segundo Circuito Judicial de San José, la judoca Andrea Guillén y su representante legal, Alonso Núñez, interpusieron una demanda contra el Estado en el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, pues ella reclama el pago del millonario y polémico Premio Nacional Deportivo Claudia Poll.
En este momento, ese premio está derogado. Sin embargo, el caso de la judoca es muy similar al del nadador Jonathan Mauri, porque viene desde tiempo atrás.
En junio del 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a cancelar a Mauri la suma de ¢243,3 millones por concepto del premio, además de daño moral e intereses.
Y en caso de que la judoca gane la demanda, al igual que el nadador, el Estado se vería obligado a pagarle una suma millonaria.
Andrea Guillén Vargas participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2010 en Singapur, donde obtuvo medalla de bronce. Ella fue postulada al Premio Nacional Deportivo Claudia Poll en 2012, junto con la nadadora Claudia Poll, el también nadador Jonathan Mauri, el levantador de potencia Hugo Velásquez y la boxeadora Hanna Gabriels.
El jurado de entonces estuvo integrado por William Corrales (Ministro de Deportes), Carlos Francisco Echeverría (exministro de Cultura y Juventud), Heiner Ugalde (Consejo de Deportes), Alba Quesada (Directora Nacional del Icoder), Marielos Rodríguez y Silke Méndez (federaciones) y Gilberto Campos (Comité Olímpico) y ellos se inclinaron por darle la distinción a la nadadora Claudia Poll Ahrens.
Según la demanda interpuesta por Guillén, de la cual, La Nación tiene copia, pese a que esa ley está derogada, ella aún se encuentra a tiempo de hacer el reclamo, porque el periodo de prescripción es de diez años.
Como hechos enumera ocho puntos. Ahí recuenta que del 14 al 26 de agosto de 2010 participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur, evento reconocido por el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Judo, la Federación de Judo y el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.
También destaca la obtención de la presea de bronce y que el 30 de noviembre de 2012, la Federación de Judo la postuló para obtener el galardón.
El 13 de diciembre se efectuó una sesión del Consejo convocada por el entonces ministro de Deportes, William Corrales, en la que se ordenó la elaboración de una matriz de cumplimientos para verificar los atestados de cada atleta y los requisitos de la Ley 7703 y, según Guillén, y su abogado, ella cumple y ostenta todos los requisitos para recibir el galardón.
Fue el 18 de diciembre cuando el jurado calificó a los participantes y decidió entregarlo única y exclusivamente a Claudia Poll.
Después de una serie de argumentaciones, Guillén solicita siete pretensiones en ese expediente que está en el Tribunal Contencioso Administrativo:
1. Que se declare con lugar la demanda.
2. Que se declare la ilegalidad en que ha incurrido la Administración Pública al no entregársele el premio desde que lo pidió conforme a la Ley 7703 vigente en ese momento.
3. Que se declare y se establezca el derecho que le corresponde a Guillén para obtener y disfrutar de ese premio.
4. Que se confiera un plazo perentorio de un mes al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes o al órgano que corresponda para que le otorgue la condecoración que consiste en la entrega de una cinta con la leyenda Premio Nacional Deportivo Claudia Poll, una placa con el nombre de ella, del presidente y del Ministro y el pago de la suma en efectivo de 100 salarios mínimos del puesto de Director del Servicio Civil.
5. Pago de los intereses sobre las sumas del capital dejadas de percibir.
6. Que se declare el derecho a ser indexados las sumas correspondientes en la sentencia.
7. Que se condene al demandado al pago de las costas procesales y personales de este proceso de conocimiento.
Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Cultura y Juventud, ellos prestarán toda la asistencia necesaria a la Procuraduría General de la República, que opera como el abogado del Estado, y al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, con la finalidad de coadyuvar a defender los intereses del país.