La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la Corte de Virginia 170 años de cárcel contra Minor Vargas, el extremo más severo para la pena que podría afrontar el tico.
El próximo martes, en ese estado norteamericano, Vargas escuchará el veredicto final en su contra luego de que el pasado 30 de abril fuera encontrado culpable de siete delitos de fraude y tres de lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses aseguran que una pena inferior sería “sencillamente injusta” para el grado del delito cometido por el costarricense. El empresario, por su parte, defiende que 20 años serían suficientes.
El Gobierno norteamericano insiste en que un fraude que involucró a por lo menos 3.500 personas y movió alrededor de $670 millones no puede ser castigado con menos que eso y que los lineamientos de sentencia deben ser aplicados de forma rigurosa.
“Los Estados Unidos saben que una sentencia de 170 años para un acusado de cuello blanco podría parecer ‘mayor a lo necesario’, pero menos que una sentencia de por vida para el señor Vargas sería injusto”, cita el documento de 22 páginas presentado a la Corte el 9 de octubre anterior.
Por qué. La solicitud del Gobierno estadounidense se apoya, principalmente en los resultados que ofrecieron los lineamientos de sentencia aplicados en el caso contra el costarricense.
Dichos lineamientos no son más que una tabla que determina, basado en el “nivel de la ofensa” y el historial delictivo del acusado, la pena de cárcel a la que se expone un acusado de un caso criminal.
Vargas, según sus crímenes, posee un nivel de ofensa de 45 (dos por encima del máximo) y el primer grado en cuanto historial. Esa combinación resulta en un castigo de cadena perpetua en prisión.
Defensa. Pero mientras la Fiscalía exige rigor a la Corte en la aplicación de la ley, la defensa de Minor Vargas solicitó que el castigo por sus crímenes no supere los 20 años.
Esto porque tienen claro que un período superior sería prácticamente una sentencia de muerte para el tico, quien tiene 61 años y quien además no tiene ningún antecedente criminal previo.
En un documento de 24 páginas, el abogado de Vargas, Jeffrey Everhart, aseguró que si se aplican los lineamientos de condena, se estaría faltando al mandato legal de no imponer castigos “mayores a lo necesario”. Además desmiente dos cargos de obstrucción de justicia que la Fiscalía le achaca a su cliente y que este tuviera la “intención deliberada de cometer un crimen”.
El defensor señaló, al igual que lo hizo durante el juicio en abril anterior, que el empresario siempre quiso poner al día las finanzas de PCI y que precisamente por eso se encontraba en Estados Unidos en el momento de su arresto.
Argumentó, además, que las guías de sentencia que aplica el sistema estadounidense son desmedidas y que está probado que en casos similares al actual, otras cortes han brindado penas muy por debajo a las que dicta esa tabla.
El documento añade, al final, que la posibilidad de morir en un país extranjero es “terrible y deprimente”, por lo que eso daría un valor desmedido a la condena.