La Fiscalía de Richmond, Virginia, agregó tres delitos de lavado de dinero a la causa que se sigue contra el empresario Minor Vargas y su compañía reaseguradora Provident Capital Indemnity (PCI).
Tanto Vargas como Jorge Luis Castillo, supuesto auditor externo de PCI, escucharon el lunes los cargos que enfrentan con la justicia estadounidense, que además incluyen siete acusaciones por fraude electrónico y por correo.
Los nuevos cargos de la Fiscalía se deben a tres transacciones bancarias realizadas entre abril y julio de 2010 como pagos por participaciones en inversiones relacionadas con seguros de vida.
Entre los tres, los movimientos alcanzan los $735.250, aproximadamente ¢375 millones según el tipo de cambio actual.
Las nuevas imputaciones elevan en 42 años la pena máxima de prisión a la que se enfrentan los dos costarricenses, pues por cada delito de lavado de dinero la justicia de Estados Unidos establece condenas de hasta 14 años de cárcel.
Los diez delitos que se les achacan a Vargas y Castillo acarrean penas máximas que suman 182 años, pues cada delito de fraude se castiga hasta con 20 años.
Decomisar. La acusación que la Fiscalía presentó a la Corte del Distrito Este de Virginia solicita además el decomiso por parte del Gobierno de EE. UU. de cualquier bien o propiedad relacionada a la actividad delictiva detallada en la acusación, o bien derivada de esta.
Además, se solicitó la incautación de bienes o propiedades de Castillo y Vargas en el caso de que las pertenencias decomisadas no cubran los $40 millones dispuestos por la parte acusadora como el monto mínimo a recuperar.
Tanto Vargas como Castillo permanecen detenidos en la prisión de Richmond, a la espera de que se celebre el juicio en su contra, dispuesto para comenzar el 13 de febrero de 2012, con un jurado.