Con o sin pandemia, hay un impedimento para que organizadores de eventos deportivos en disciplinas como ciclismo, triatlón, atletismo (carreras de calle) puedan realizar competencias.
Esa imposibilidad generó que estas entidades presentaran una demanda al Estado, “por no cumplir con sus obligaciones”.
El 1 de diciembre del 2020 entró a regir la Ley 9920, llamada “Ley para regular los eventos deportivos en las vías públicas terrestres”, con la cual se busca unificar la vía para recibir permisos para las carreras de este tipo de deportes.
Sin embargo, aún es solo un papel, sin capacidad de ser llevado a la práctica. ¿Por qué? Porque la ley dispone que “el poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de dos meses”, según señala el artículo 23.
Ese plazo venció el 1 de febrero de este año, y es ahí donde nace la demanda, presentada por parte de la Cámara Costarricense de Productores de Eventos Deportivos ante el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José,
La demanda tiene como finalidad “que se declare que ha existido una inactividad formal por parte del Poder Ejecutivo al no haber reglamentado la Ley N. 9920 dentro del plazo debido. Asimismo que “se ordene al Poder Ejecutivo a preparar un borrador del reglamento y conferir audiencia a las federaciones deportivas, así como a las cámaras organizadoras de eventos deportivos formalmente inscritas, a fin de que dichas organizaciones puedan pronunciarse sobre dicho borrador, porque así lo indica la ley”.
Sin reglamento, no se pueden utilizar las calles para hacer competencias, lo que mantiene en paro a estos organizadores, porque aún teniendo protocolos de salud aprobados (en algunas disciplinas), se ven sin la posibilidad de solicitar permisos para realizar las carreras.
“Mandamos cartas de buena fe al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), Presidencia y Ministerio del Deporte. MOPT y Presidencia no han contestado y Deporte dijo que no era asunto de ellos. Esto no es un capricho, tenían dos meses y ya han pasado seis”, explicó Esteban Alfaro, abogado de la Cámara.
Este caso hizo que el pasado 5 de abril, el diputado José María Villalta también consultara al Ministerio de Salud si esta cartera había decidido no aplicar la ley y solicitó “fundamentación jurídica en la que se apoyan” para no hacerlo.
La respuesta del ministro Daniel Salas, dada el 4 de mayo, explica que Salud no sancionó la ley, pero sí lo hizo el MOPT, junto con el Ministerio del Deporte, por lo que le corresponde a esas instituciones hacer el reglamento.
“Salud dice que es el MOPT y el Ministerio del Deporte, pero ellos no dan respuesta. La pandemia tampoco impide trabajar en el reglamento, hacer reuniones con la cámara y federaciones. Lo que no quieren, sentimos, es tomarnos el parecer, que somos los entes involucrados. Antes era solo el MOPT que decía cuáles eran los requisitos para un evento, pero con ley tienen que tomarnos el parecer a nosotros”, añade Rodolfo Villalobos, presidente de la Cámara.
Su representante, Esteban Alfaro, señala que con este incumplimiento por parte del Estado hay dos actores claramente perjudicados.
“Es una afectación a empresas que organizan eventos, a la activación económica del país, a poner en marcha negocios; eso es una afectación. Y también a las personas que hacen deporte, que corren, andan en bicicleta..., y que quieren una mejor salud”.