El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte declarar improcedente la orden de restitución para las víctimas del fraude que se gestó a través de Provident Capital Indemnity (PCI), la compañía reaseguradora presidida por el empresario Minor Vargas.
Esto porque, según la Fiscalía, es prácticamente imposible determinar las pérdidas de las casi 3.500 personas que se habrían visto envueltas en el esquema.
La restitución es un procedimiento legal que el sistema estadounidense utiliza para las víctimas de los llamados casos criminales, tales como el fraude. Debe ser dictada por la Corte como parte de la sentencia.
Según la figura, el Gobierno está en la obligación de restituir los bienes a las personas que fueron directa o indirectamente afectadas por el delito.
El problema con el caso de PCI es que posiblemente nunca se logren determinar los montos.
Razones. La Fiscalía detalla que el gobierno estadounidense logró identificar a por lo menos 3.500 víctimas potenciales de PCI.
A todos, el Estado les envió una carta para informarles del caso que se seguía contra Vargas, su situación como víctimas relacionadas y sus derechos según la ley.
Sin embargo y pese a los reiterados esfuerzos de la Fiscalía, fue imposible determinar las pérdidas de cada uno, pues no todos invirtieron de la misma manera.
Por ejemplo, algunas personas solo adquirieron una participación en la compra de un bono de vida; otras los compraron completos.
También sucede que algunos de los bonos emitidos por PCI aún no vencen. En cambio, otros sí lo hicieron, pero debido a la falta de pago de las primas.
Otros se vendieron con expectativas de vida falsas o bien dentro del período de estudio de factibilidad del seguro (etapa de estudio).
También existen bonos vinculados a fraudes ajenos al de PCI; otros sí están activos, pero fueron vendidos en mercados secundarios por una fracción de su precio original.
La Corte tendrá hasta el martes para decidir si acoge o no la solicitud del Gobierno. De hacerlo, las víctimas podrían apelar a la remisión, que es la entrega de los bienes confiscados por parte un juez.