Juez rechaza fianza a exjerarca de la Fedefútbol pero le permite segundo intento

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El paquete de fianza que ofreció Eduardo Li para dejar la cárcel no convenció al juez Robert Levy, responsable del caso del exdirigente nacional.

Tras escuchar la propuesta de los abogados del costarricense y recibir la posición de la Fiscalía, Levy rechazó ayer la solicitud al no encontrar suficientes garantías para concederle el beneficio de salir de prisión.

Li propuso pagar $300.000 (¢163,5 millones) en efectivo y poner a responder propiedades familiares por $4,7 millones (¢2.557 millones). Sin embargo, el martes pasado, la Fiscalía le envió un documento a Levy donde le indicaba, entre otros detalles, que Li tiene bienes mayores a los ofrecidos, por lo que debía establecer una fianza más elevada.

“El juez le dijo a Li y a sus abogados que no es suficiente la fianza que propuso. La Fiscalía pide una cosa y el juez es un mediador entre las partes. Aún así, Levy consideró que no era suficiente lo ofrecido”, explicó a La Nación , Mariano Rolando, periodista que estuvo presente en la audiencia realizada ayer en Nueva York.

En el documento que los fiscales le enviaron al magistrado, estos insisten en que Li tiene un capital más alto del que ofertó.

“El monto de la fianza propuesta está muy por debajo de la riqueza del acusado y su familia, quien aún dispondría de al menos $5 millones, si se diera a la fuga (...) Eso, asumiento que los $5 millones propuestos estén plenamente garantizados por la propiedad que pueda ser recuperada por el gobierno. Por solo esa razón el Gobierno propone que una fianza de entre $10 millones y $15 millones es necesaria para asegurar la presencia del acusado en esta jurisdicción”, indica textualmente el escrito de la Fiscalía.

Por otra parte, a pesar del fallo negativo, el juez Levy le da una segunda oportunidad a Li para que mejore su oferta.

El magistrado programó una audiencia para el martes 23 de febrero, a las 8:30 a. m. (hora tica). Del ofrecimiento que haga el tico dependerá si deja la cárcel.

La pugna

Fianza - propuesta de Eduardo Li:

Ofreció pagar $300.000 en efectivo y garantizar con bienes otros $4,7 millones. Para ello, ponía a responder una casa en Miami y propiedades familiares ubicadas en Costa Rica.

Posición de fiscalía

Pide que la fianza sea entre $10 millones y $15 millones, de los cuales entre $5 millones y $7,5 millones sean pagados en efectivo; las propiedades de garantía deben estar en Estados Unidos.

Domicilio - propuesta de Eduardo Li:

El exdirigente ofreció quedarse en un departamento en Nueva York con vigilancia electrónica las 24 horas del día, además de alarma y cámaras para constatar su presencia en territorio estadounidense.

Posición de fiscalía

Las autoridades aducen que por el puesto que ocupó en la Fedefútbol, FIFA y Concacaf, Li tiene contactos en diferentes países adonde podría fugarse y evitar la extradición a Estados Unidos.

Expediente - propuesta de Eduardo Li:

El exjerarca alega en su carta de defensa que nunca en su vida ha cometido delitos y que su relación con Estados Unidos obedeció a cuestiones de trabajo, por lo que está anuente a enfrentar la justicia.

Posición de fiscalía

La Fiscalía considera que el costarricense está acusado de crímenes financieros serios y sofisticados, por lo que se expone a un período significativo de prisión, que lo motivaría a darse a la fuga.

Fiadores - propuesta de Eduardo Li:

En su oferta, la esposa e hijos de Eduardo Li aparecen como garantes para cubrir el monto de la fianza en caso de que él no afronte el proceso judicial que se sigue en su contra.

Posición de fiscalía

Los fiscales consideran que los fiadores deben ser personas radicadas en Estados Unidos, pues de lo contrario el gobierno norteamericano no tendría posibilidad de cobrarles.

Extradición - propuesta de Eduardo Li:

Li asegura que desde que fue arrestado, en mayo anterior, ha mostrado disponibilidad y apertura con la justicia y que no hay razón de ocultarse en Costa Rica porque es una persona muy conocida.

Posición de fiscalía

Debido a que Costa Rica, por su constitución, prohibe la extradición de sus ciudadanos hacia otros países. Si el acusado huye a su país, el Gobierno de EE. UU. no podría buscar su extradición.