El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de la República procedieron ayer a allanar cuatro lugares ligados al empresario costarricense Minor Vargas, detenido el martes en Estadios Unidos, acusado de siete delitos de supuesto fraude.
El operativo judicial, que arrancó en forma coordinada a las 9:50 a. m., se realizó en la casa de habitación del dirigente deportivo, en una de las oficinas del Grupo Ícono y en los estadio Jorge Hernán Cuty Monge y José Joaquín Colleya Fonseca.
La casa se ubica en el lujoso residencial Bosque de Altamonte, en Granadilla de Curridabat; el Grupo Ícono en San Rafael de Heredia; el Cuty, en Desamparados y el Coyella, en Goicoechea.
Tantos los agentes policiales como los fiscales llegaron a los sitios en ropa normal (o sea, sin pasamontañas) y portaban pocas armas. Anunciaron el allanamiento y procedieron a revisar documentación y computadoras.
El material que consideraron importante para la investigación fue ingresado en cajas de cartón, las cuales luego metían en los vehículos que llegaron al sitio.
Pese a que el operativo arrancó a las 9:30 a. m., los agentes llegaron mucho antes y se estacionaron en las cercanías del lugar.
Por ejemplo, así fue como impidieron la salida de un carro que pretendía salir de las oficinas de Grupo Ícono a eso de las 6 a. m.
En el vehículo, conducido por un empleado de Vargas, encontraron maletines, documentos, CD’s y una computadora.
Justificación. Jorge Rojas, director del OIJ, justificó los allanamientos porque al trascender la detención de Vargas el martes “hubo que correr para salvaguardar información que podría ser importante para la investigación que se le abrió aquí desde el 2009”.
Agregó que esta causa se abrió en Costa Rica por lo sospechosos que resultaron los movimientos de capitales en fuertes sumas que hizo Vargas. Luego, en el 2010, llegó la solicitud de cooperación en este caso por parte de la justicia de Estados Unidos, país que luego detuvo al dirigente deportivo.
“Aquí investigamos si esos dineros que manejaba Vargas provenían de legitimación de capitales o de fraudes. En eso es en lo que estamos”, aseveró Rojas.
Agregó que no podía indicar si hay más personas investigadas en este caso para no entorpecer la investigación en curso.
Por su parte, el fiscal interino de la República, Guillermo Hernández, aseveró que los allanamientos se realizaron porque “se parte del principio de que se ha cometido el delito de lavado de dinero”.
Dijo que esta presunción “debe ser cotejada con las pruebas que se recogieron en los allanamientos”.
Incluso, afirmó que se podría estar en presencia de otro delito. “Puede ser que no se pueda comprobar el lavado de dinero, sino que se detecte una estafa u otro delito de naturaleza económica”.