Tribunal Supremo español confirma condena por fraude fiscal a Lionel Messi

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Madrid

El Tribunal Supremo español informó este miércoles haber rechazado el recurso del futbolista argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, y le mantuvo la pena previamente impuesta de 21 meses de prisión por un millonario fraude fiscal.

Messi y su padre Jorge fueron condenados en julio del 2016 por defraudar 4,16 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen entre el 2007 y el 2009 mediante un entramado societario en paraísos fiscales.

El Supremo, la última instancia del ordenamiento jurídico español, confirmó la pena de prisión para el futbolista y la multa de 2,1 millones de euros, pero en cambio rebajó la pena de su padre como cooperador necesario de 21 a 15 meses de cárcel y de 1,6 millones a 1,3 millones de euros de multa.

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En cualquier caso, el ingreso en prisión de ambos será probablemente suspendido de acuerdo con la ley española al tratarse de crímenes no violentos con penas inferiores a dos años en acusados sin antecedentes.

Los cinco magistrados del tribunal mantuvieron el criterio expuesto en primera instancia por la Audiencia de Barcelona conforme el futbolista, a pesar de alegar desconocimiento de la gestión de su fortuna, actuó con dolo.

"No resulta acomodado a lógica admitir que quien percibe importantes ingresos ignore el deber de tributar por ello", afirma el Supremo en su sentencia, destacando que Messi intervino personalmente en esas actuaciones.

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Ayudados por unos asesores fiscales de Barcelona, los Messi organizaron una red de sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para ingresar los derechos de imagen del futbolista evitando el pago de impuestos.

Durante estos años, Messi, ya con un futuro prometedor, firmó millonarios contratos con Adidas, Konami, Pepsi o Danone a nombre de estas sociedades, cuyos titulares eran él u otros miembros de su familia.

Estas maniobras fueron denunciadas por una fiscal de Barcelona en el 2013 que se querelló contra el futbolista y su padre.

En la sentencia, el tribunal echa en falta que la fiscalía se querellara también contra los asesores fiscales que organizaron el entramado societario.