Tienen derecho a un mejor ingreso, acorde con sus importantes funciones. Por esto es lamentable que, en medio de tanta torpeza y agitación, quedara sepultada por cuatro años la posibilidad de un aumento razonable en el salario de los diputados.
Cerrado este capítulo, legisladores y políticos deben analizar seriamente el trasfondo de la protesta que abortó la iniciativa.
Buscar verdugos en "los enemigos del parlamento", la prensa o el inevitable padre Máinor Calvo, es una actitud superficial que puede tornarse peligrosa. Porque desconoce que la mayoritaria reacción adversa fue un auténtico fenómeno de opinión pública arraigado en motivaciones de amplio espectro.
Una de ellas es la percepción popular de que la Asamblea Legislativa, esencial como es en toda democracia, no está desempeñando adecuadamente su labor; peor aún, como el más transparente de los poderes, parece ser el que acapara más intensamente el rechazo de múltiples ciudadanos hacia "lo político". Otra, que los diputados y funcionarios en general son servidores y, como tales, el público resiente que lleguen a constituirse en un enclave al margen de la sociedad. Por último, aunque legislar en beneficio propio sea posible legalmente, es inaceptable socialmente.
Realidades perceptivas tan profundas requieren una tarea correctiva intensa, responsable y transparente de parte del Congreso. Porque, en el fondo (y esta es buena noticia), estamos ante ciudadanos con un agudo sentido republicano y democrático, que exigen mucho, son intransigentes ante lo que consideran malo y están dispuestos a expresarlo. Esto es una enorme y esencial virtud nacional que, lejos de desestimar buscando chivos expiatorios, debe canalizarse con un acercamiento entre el pueblo y sus instituciones.