La electricidad es un elemento clave del desarrollo y del bienestar social, razón por la cual los países prestan mucha atención a los niveles de competitividad con los cuales se genera.
Si nuestro costo es mayor al de los países con los cuales competimos, se convierte en un factor de desventaja. Cuanto más grande sea la diferencia en costos, menor será el potencial de desarrollo nacional.
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La abundancia de electricidad de bajo costo es también un factor fundamental para impulsar la movilidad eléctrica en el transporte público y privado. Altos costos en esta fuente de energía secundaria se convierten en un obstáculo importante para promover el uso de vehículos alimentados con energía limpia, sin humo y sin ruido.
Por estas y muchas otras razones, los países buscan tener un costo de electricidad competitivo internacionalmente y asequible para toda la población. El asunto, por tanto, no solamente es de política energética, sino también de política económica y social.
Tarifas en aumento. En Costa Rica, a pesar del discurso oficial, no hemos logrado contener el rápido crecimiento de los costos de la electricidad, lo que afecta fuertemente no solo a los más pobres de la población, sino también a los productores y empresarios, quienes generan la mayor parte del empleo en el país y los recursos fiscales necesarios para que el Estado funcione.
Los aumentos en las tarifas eléctricas son motivo de una creciente preocupación. El presidente de la Cámara de Industrias ha sido claro en señalar que “necesitamos tarifas de electricidad más bajas”. Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Industrias hizo énfasis, en el Foro Propuestas para la Competitividad del Sector Industrial del 2016, que “necesitamos energías limpias baratas, no limpias caras, porque nos sacan de competencia”.
A finales del año pasado, el Instituto Costarricense de Electricidad solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un aumento de tarifas del 19 %, sumamente excesivo considerando que la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés se han mantenido relativamente bajos.
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Un artículo publicado recientemente en este periódico indicaba que la Aresep prevé que el servicio de electricidad tendrá un alza del 5 % en el recibo durante el primer semestre del 2018 para costear la generación de energía con hidrocarburos. Esto podría conducir, entonces, a un aumento del 24 %.
Dichosamente, la Aresep rechazó, temporalmente, el alza del 19 % solicitada por el ICE por falta de claridad en la información entregada en la solicitud de aumento.
Origen del problema. A menudo surgen reportajes relacionados con los sobrecostos (el doble o más de lo estimado inicialmente) que han tenido muchos de los proyectos construidos por el ICE, lo cual aumenta, aún más, las tarifas eléctricas. Por ejemplo, de acuerdo con un reportaje publicado por La Nación, el costo de la planta hidroeléctrica Reventazón, en Siquirres, Limón, pasó de $697 millones en el 2007 a $1.546 millones en el 2014 (un exceso de $849 millones) y el costo de la planta hidroeléctrica Balsa Inferior, en San Ramón, Alajuela, pasó de $94 millones a $361 millones ( $267 millones más de lo estimado).
A inicios de este año, un artículo publicado, también por La Nación, informó que el ICE registró pérdidas de ¢48.000 millones al tercer trimestre del 2017.
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Todo lo anterior es muy preocupante y no hay respuestas claras sobre el futuro del costo de la electricidad, a pesar de que se trata de un elemento clave de nuestra competitividad y de nuestra prosperidad futura. La situación se vuelve más grave cuando constatamos que la información financiera del ICE ha sido declarada confidencial.
Es necesario abrir el mercado eléctrico y modificar la matriz energética nacional para bajar los costos de la electricidad y, entre otras cosas, aprovechar mejor el potencial de energía eólica, solar y de gas natural que tenemos.
La autora es diputada del movimiento libertario.