Pudimos salvar no solo a Jason, sino a sus víctimas y a muchos más adolescentes victimarios, que ya están en el amplio camino del delito, o que pronto lo estarán, dadas las muchas oportunidades que en este campo ofrece nuestra pobre sociedad, ahora enferma de violencia social, doméstica, comercial, burocrática y hasta judicial. Porque Jason González no es más que el producto que cosechamos con la violencia contra los niños, que después devuelven lo que recibieron. Porque los niños y jóvenes que delinquen, los que viven en las calles, los abusados y amamantados con violencia, los actuales y futuros delincuentes no vinieron de la nada. Todos ellos, que no ocupan las aulas de escuelas y colegios ni los servicios de salud o alimentación, a los que tienen derecho, andan sueltos, sin límite, disciplina, orientación y amor familiar, y a nadie le importa, principalmente a la burocracia ciega, insensible, que vive para sí misma.
Cuando Jason tenía 14 años, hace 6, un grupo selecto de abogados, jueces, operadores del sistema de atención juvenil y ciudadanos conscientes, iniciamos una labor titánica para traer a Costa Rica una fundación norteamericana, líder en el tratamiento de los menores delincuentes en sus diferentes etapas, conocedora de las causas, circunstancias y manejo de este fenómeno social. La organización AMI accedió a hacer del país el primero en Latinoamérica en tener estos programas que, por más de 40 años, han tenido éxito a lo largo y ancho de Estados Unidos, con un promedio del 75 al 80 por ciento de rehabilitación total y permanente. Incluso conocimos a muchos de ellos, ya rehabilitados, trabajando y produciendo con notable éxito. La ministra de Justicia, la Primera Dama y hasta el propio Presidente comprobaron esto y, decididos, nos apoyaron, pero hasta ellos chocaron con la burocracia que se agota en sus rutinas, pues la Contraloría se empeñó en negar lo que la Ley de justicia juvenil (LJPJ) permite y establece claramente: que una ONG puede encargarse de ejercer estas funciones de tratamiento a los delincuentes juveniles ya sentenciados.
Lucha denodada. Desde hace 6 años, nosotros, el avance tico de AMI, luchamos con denuedo frente a todas las adversidades y escollos que muchísimos funcionarios nos pusieron, PSNI, Registro y Contraloría nos trataron como si fuéramos corruptores de menores, pese a que teníamos a la LJPJ y a la gente de Adaptación Social, lo importante, de nuestro lado.
Nuestra Asociación para la Atención de Menores y Jóvenes Infractores, hoy ya inscrita y con muy pocas esperanzas de funcionar, no ha podido lograr su cometido, 6 años después, pese a que, sin contar el letargo del algunos personajes del IMAS, logramos obtener una partida de dinero que, por negligencia, ignorancia y terquedad de la Contraloría, perdimos en la nada, a pesar de que el propio contralor nos lo prometiera, tener una persona que nos ayudara a salir de los escollos de esa institución que, en su engranaje burocrático, tiene polvo de oposición en vez de aceite de funcionalidad. La persona nunca apareció.
Burocracia absurda. Conocí el caso de Jason porque fue uno de los que teníamos en planes para rehabilitar, en cuanto empezáramos; su caso y el de otros tantos era muy variable en ese momento.
Un muchacho con algún nivel de escolaridad, con alguien como guía, inteligente y con una buena orientación, podía salir de ese caldo de cultivo que amenazaba su vida, solo necesitaba un empujón, AMI, con su dinámica de sustituir en esos menores a la familia que no tienen; disciplina, educación, metas y ejemplo positivo era lo que él y otros tantos necesitaban.
Pero esa burocracia absurda, que violenta la ley y que no entiende que la sociedad cosecha lo que siembra en sus niños ( Scientific American , marzo 2002, en artículo sobre el efecto del abuso en los niños), lo impidió.