Algunos fiscales han sido objeto de amenazas y hasta de agresiones directas de parte del crimen organizado, de los delincuentes comunes o del narcotráfico. También en años pasados algunas personas dedicadas a investigar sobre el contrabando fue víctima de actos de intimidación. Sin embargo, el incremento de amenazas ha venido en aumento. Se conocen algunas investigaciones en este sentido, mas diversas denuncias sobre este tipo de amenazas se mantienen en secreto.
Este es un signo de que la delincuencia no solo ha aumentado, sino que ha refinado sus métodos y ha penetrado en los ámbitos más sensibles de la administración de justicia. La intimidación de los fiscales, verbalmente o de hecho, corresponde así a un estadio superior de perversidad delictiva y de modificación de los métodos tradicionales. Los hechos expuestos en nuestra edición de ayer así lo ponen de manifiesto. En efecto, una fiscal de Hatillo, en San José, y un fiscal en Alajuela sufrieron lesiones por ataque de los delincuentes, a quienes se seguía un proceso judicial. Una funcionaria judicial tuvo que prescindir de sus visitas familiares para no exponerlos al peligro. Otra persona salió del país temporalmente para evadir la presión de un delincuente. Algunos han tenido que pedir un traslado del expediente a otra oficina y otro ha renunciado a su trabajo por las mismas razones. El caso más grave se documentó recientemente cuando un fiscal, amenazado de muerte por un individuo, no soportó la presión y lo mató para ponerse a salvo. Este hecho ejemplifica la tensión, el peligro y el acoso a que están expuestos los fiscales. En cuanto a los jueces, se ha informado ampliamente sobre las amenazas recibidas.
Estos funcionarios necesitan protección. Es un derecho personal y, además, una garantía para la administración de justicia. De aquí la intervención de la Asociación Nacional de Fiscales (Anafi) que, además, ha solicitado un aumento del 40 por ciento del salario para estos funcionarios judiciales, similar al que recibe la policía judicial por las mismas razones. Este incremento pareciera justo y necesario, mas, a la vez, puede traer consigo solicitudes similares en cadena de parte de funcionarios administrativos o judiciales que, directa o indirectamente, tengan que soportar amenazas de este tipo. El Consejo Superior debe resolver estas demandas atendiendo los riesgos sufridos por estos funcionarios, la realidad presupuestaria del Poder Judicial y la situación de otros servidores públicos. Con todo, el asunto merece atención por la especial naturaleza de las labores de estos funcionarios y por el peligro de que el Poder Judicial pierda el concurso de funcionarios públicos preparados y que, a lo largo del tiempo, han acumulado una experiencia inestimable. La tarea de los fiscales, como la de los oficiales del OIJ, se encuentra en la base del sistema de justicia. De sus aciertos o desaciertos depende en mucho la acción posterior de la justicia.
Por otra parte, pese a la gravedad de estos hechos, no se debe ceder ante el chantaje, la amenaza o la intimidación a la que están expuestos todos los jueces y magistrados, sobre todo en el campo penal, así como funcionarios administrativos y, como lo demuestra un vasto historial, los periodistas. En esta materia, la justicia y la libertad de prensa se dan la mano. De aquí la necesidad de brindar a estos servidores, públicos y privados, toda suerte de garantías tanto en el orden de la seguridad como del salario y del amparo legal en sus tareas de investigación o de información. El poder e incremento de la delincuencia común y del crimen organizado lo justifican plenamente.