En la realidad, lo social y lo económico son caras de una misma moneda, aunque a veces para efectos analíticos y político-electorales se les separe y hasta se les presente como si hubiera una oposición entre ellos.
En efecto, virtualmente todos los indicadores "sociales" (como esperanza de vida al nacer, acceso a servicios de salud básicos y agua potable, grado de escolaridad y alfabetismo, vehículos automotores, teléfonos y periódicos por cada mil habitantes) mantienen una relación directa con la magnitud del producto interno per cápita de los respectivos países y regiones.
La razón es sencilla: para combatir la pobreza es menester crear riqueza. Esto último requiere inversión, creación de empleos y aumento de la productividad de los factores. Una economía que crece poco es incapaz de crear puestos de trabajo con la velocidad de la fuerza laboral. El desempleo y la ineficiencia económica son los principales compañeros de la pobreza. Esta realidad ha sido documentada mundialmente y también en Costa Rica. Precisamente, el informe titulado "El Estado de la Nación" 1996, que patrocinan las universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el cual informamos en nuestra edición del miércoles, presenta evidencia abundante en este sentido. En efecto, señala el citado informe que el año 1996 fue desalentador para la economía nacional, pues el desempleo aumentó, el ingreso real por persona, en vez de crecer, decayó (un 2,7%) respecto al año anterior y el número de familias pobres se elevó del 20,4% en 1995 al 21,6% en 1996.
El Estado de la Nación describe la situación de una serie de variables de interés social (en áreas tan diversas como deforestación, gastos del gobierno en carreteras, pobreza infantil, composición familiar, situación de la mujer, beneficiarios del crédito bancario y acceso a la vivienda propia), con el ánimo de mostrar los avances o retrocesos que en el tiempo muestran esos indicadores. A pesar de que no es el objetivo del informe investigar posibles relaciones de "casualidad", recoge información valiosa para los tomadores de decisiones políticas y para los estudiosos de la realidad nacional.
La importancia de hacer explícita esa información reside en que nuestro sistema económico puede estar sujeto a limitaciones de diversa índole (por ejemplo, la existencia de regímenes monopolísticos en algunas áreas, alta concentración del crédito o de la tierra, pobre diseño de la educación pública o mal manejo de los plaguicidas por parte de algunos agricultores) que imponen un innecesario costo en términos sociales. Políticas públicas dirigidas a eliminar esas restricciones contribuirán a mejorar el desempeño global.
Pero ni la disciplina macroeconómica, ni la adopción de esquemas que promuevan la competencia y el crecimiento económico se oponen al desarrollo social. Al contrario, la experiencia muestra que son condición necesaria para este, por lo que es obligación de las autoridades fomentarlas.