La Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX se venía gestando desde hacía 8 años, pero su parto se produjo dramáticamente en los primeros meses de 1948. Dentro del conjunto de hechos que lo provocan, las elecciones presidenciales entre Calderón Guardia y Otilio Ulate cumplieron el papel detonante. En consecuencia, estamos obligados a conocerlas. Pero, ¿acaso las conocemos bien? Creo que no, porque ha podido más la leyenda que la ciencia, la palabra de los vencedores que los alegatos de los vencidos.
Las elecciones de 1948 no son fáciles de analizar y casi imposible de hacerlo en un limitado artículo de periódico porque: se hicieron bajo una nueva legislación, fueron aparentemente ganadas por la oposición pero anuladas por un Congreso de mayoría calderonista y finalmente desconocidas por el aberrante Pacto Ulate-Figueres en lo relativo a diputados, pero respetadas y postergadas por 18 meses, en lo referente a la elección de presidente de la república por si fuera poco lo anterior se vieron precedidas por un clima de exaltada violencia, aunque el día mismo en que se celebraron fue de tranquilidad y correcta actuación de las autoridades como lo reconoció el ganador, don Otilio Ulate, en telegrama al presidente Picado.
Reglas nuevas. Lo que hizo novedosas estas elecciones fue que se realizaron bajo normas enteramente nuevas, aprobadas en la gran reforma electoral de diciembre de 1945 y enero de 1946 que establecieron, en lo fundamental, las condiciones en las que hoy las celebramos regidas por un padrón electoral con foto y controladas por un tribunal sin ninguna participación del Poder Ejecutivo durante toda la primera parte del siglo XX, para no hablar del anterior, las elecciones eran administradas en la Casa Presidencial en condiciones muy flexibles que permitían gran injerencia del Poder Ejecutivo en sus resultados, por lo que salvo dos de ellas ganadas por abrumadora mayoría por don Julio Acosta en 1920 y el Dr. Calderón en 1940, sobre las demás siempre recayeron fuertes dudas sobre su legitimidad. A lo anterior hay que añadir que el Congreso Nacional estaba facultado por la Constitución de 1871 -y usó estas facultades con frecuencia- para resolver en última instancia sobre su resultado, bien fuera para aprobarlo, anularlo o declarar presidente a una persona que ni siquiera había sido candidato, como fue el caso de don Alfredo González Flores en el año de 1914.
Dos procesos sobresalen en estas elecciones que hoy, vistos a más de 50 años, muestran cursos opuestos el primero lo constituyen los numerosos actos realizados por el Presidente Picado para dotar al país de una nueva legislación e instituciones que garantizaran la pureza de los votos y la fidelidad a la voluntad popular expresada. No era nada fácil cambiar las cosas porque había muchos intereses en juego y una carga emotiva muy grande, de desconfianza en los grupos opositores hacia el presidente Picado. Solo porque se procedió con gran habilidad y empeño se consiguió hacer la reforma electoral, venciendo mil obstáculos. Detrás de un presidente decidido a cumplir sus promesas de campaña política se encontraba un joven ministro de Gobernación, Fernando Soto Harrison, quien, gracias a la valiosa colaboración de tres ilustres magistrados, inobjetables para todo el mundo, Guardia, Vargas y Zúñiga, que redactaron el proyecto de ley, logró que el Congreso Nacional conociera de la reforma electoral y la aprobara.
Irregularidades. El proceso inverso, que alteró y falseo el resultado de las elecciones, lo constituyeron las irregularidades habidas en el Registro Civil y el trabajo, increíblemente deficiente, del Tribunal Electoral, que no fue capaz de realizar la esencial tarea de escrutar los votos en el tiempo que fijaba la Constitución y terminó resolviendo acerca de quien era el vencedor, no contando los votos emitidos, sino sumando cifras obtenidas de telegramas y constancias aportadas por los fiscales del partido ganador, el de don Otilio Ulate. Estas irregulares circunstancias en que se hizo la declaratoria de presidente de la república explica que el Tribunal Electoral no pudiera ponerse de acuerdo y dos de sus miembros declararan vencedor al candidato del Partido Unión Nacional y el tercer magistrado salvara su voto considerando que no se contaba con elementos suficientes para determinar quien había ganado pasando el asunto a conocimiento del Congreso Nacional, como lo ordenaba la Constitución Política, para resolver acerca del resultado electoral, como en tantas ocasiones anteriores se había hecho.
Entonces, no es de sorprenderse que una vez trasladado el examen de las elecciones a manos del Congreso, éste las anulara en razón de las graves irregularidades cometidas, fallo que no acato el ulatismo y menos don José Figueres, que ya estaba en las montañas de La Lucha y San Cristóbal, armas en mano, listo para iniciar la revolución que cambiaría tantas cosas, para bien y para mal, en este país.