El término ‘tecnocracia’, significa "gobierno de los técnicos". Así, la tecnocracia es el gobierno asumido por un técnico o especialista en alguna materia o disciplina, que ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones apegadas a la técnica, por encima de otras consideraciones ideológicas, políticas o sociales.
Intenta que la decisión de tipo político y discrecional –con base en criterios prudenciales y morales– sea reemplazada por una decisión no discrecional, fruto de cálculos y previsiones de tipo científico, con base en puros criterios de eficiencia. Se atribuye la primera expresión consciente de esta ideología al “socialista utópico” francés Saint-Simon (1760-1825).
Podría parecer un principio correcto. Sin embargo, cuando el técnico busca desconocer la autoridad política legítima, elegida por el pueblo, estaríamos ante una visión antidemocrática, que nada tiene que ver con la conocida proclama de Abraham Lincoln en Gettysburg: “'porque el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no perezca en la tierra”. Lo que caracteriza a la tecnocracia es la tendencia a suplantar el poder político, en vez de apoyarle con su asesoramiento, asumiendo para sí la función decisional, a menudo no exenta de corrupción.
En tanto, surgirá también en el siglo XIX el sistema de “servicio civil” o de profesionalización de la función pública, el cual se establece en el Reino Unido a partir de 1853. Siguiendo a Francisco Longo, se ha relacionado el origen del servicio civil con la producción histórica de cinco fenómenos: la separación de lo público de lo privado; la separación de lo político y lo administrativo; el desarrollo de la responsabilidad individual; la seguridad en el empleo público; y la selección por mérito e igualdad. El empleado público deja de ser un servidor personal de la Corona para convertirse en funcionario del Estado. Pero cuando vemos que el funcionario público de carrera, especialmente mandos medios, desconocen las reglas de la convivencia democrática, desacatando o obstruyendo la primacía del poder político, el sistema de mérito indiscutiblemente perderá su razón de ser. Está obligado a asesorarlo, pero dejando a la autoridad política la función decisional.
Con la misma vehemencia con que hemos defendido el régimen de servicio civil y su importancia en el engranaje del Estado, combatiendo el patronazgo y el clientelismo, también es útil recordar que grandes conquistas políticas y sociales, como la estabilidad misma del funcionariado, no deben ser mancilladas con actitudes tecnocráticas: la defensa del statu quo o de privilegios, olvidando su papel como operadores de la administración pública y constructores de gobernabilidad, bajo el marco de la Ley.