El Programa Estado de la Nación entregó al Poder Judicial, el 21 de abril, el Primer Informe Estado de la Justicia en Costa Rica, iniciativa surgida en la propia institución.
Tiene su origen cuando se nos otorgó el segundo préstamo Corte-BID, que comprendió del 2002 al 2012. En ese momento se contempló la creación de un observatorio externo, independiente de la institución, con base técnica y de enfoque sociológico, el cual no llegó a concretarse hasta el 9 de diciembre del 2011, mediante la firma del convenio entre el Poder Judicial, representado por su presidente Luis Paulino Mora Mora (q.d.D.g) , el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Programa Estado de la Nación.
¿Qué busca obtener el Poder Judicial por medio de un informe de esta naturaleza? Nuestro objetivo es la transparencia; contar con la visión de un ente serio que, desde afuera y de manera objetiva, nos analice, nos dé su criterio o señale errores sobre temas de trascendencia en la administración de justicia. Buscamos mejorar.
Nuestro interés es poner a disposición de la sociedad la información interna para que sea analizada y fiscalizada. Creemos que la construcción del Poder Judicial debe ser producto de la interacción entre quienes definen las políticas de la institución y la sociedad. Se trata de un ejercicio indiscutible de transparencia, que propicia la mejora en los servicios de administración de justicia.
Justicia eficiente. Desde hace varios años la institución ha adoptado múltiples políticas internas con el objetivo de que la administración de justicia sea eficiente y accesible para todas las personas, en sus diferentes condiciones.
Con ese fin se ha invertido en la construcción de edificios, en la apertura de despachos judiciales en diversas zonas del país y, consecuentemente, en el aumento de la planilla judicial. Se ha invertido también para garantizar adecuadas condiciones laborales al personal, de tal manera que no resulte vulnerable a intereses externos.
Con visión se ha tratado de consolidar una institución que, como Poder de la República, genere confianza en la población. Sin embargo, era propicio desarrollar un nuevo espacio de reflexión para analizar lo que se ha hecho y, a partir de esa base, actuar y medir resultados.
En muchas ocasiones, la cotidianidad nos envuelve y nos limita los espacios para la reflexión. Asumimos con tanta normalidad nuestras funciones diarias que llegamos a pensar que las hacemos bien, sin ninguna reflexión o cuestionamiento.
Nuestra visión de una administración de justicia moderna, que contribuya al desarrollo humano, económico y social del país, exige que contemos con una base sólida, donde podamos visualizar y medir el estadio en donde nos encontramos, cuánto hemos avanzado, qué debemos mejorar, y definir en qué dirección debemos orientar los esfuerzos institucionales.
Punto de partida. Este informe se constituye en una línea de partida medible. Como prueba de la independencia e imparcialidad con que ha sido generado, se destaca que la selección de los temas fue realizada por el propio equipo del Estado de la Nación.
Dicha investigación tiene el mérito de ser pionera en datos inéditos, de visualizar el camino recorrido por el Poder Judicial hasta llegar a consolidarse como un actor político de nuestros días. También analiza jurisdicciones sumamente sensibles como la penal y la laboral, de tanta importancia para las condiciones de vida y el nivel general de desarrollo de la población. Igualmente se ocupa del impacto de la gestión judicial en la salud pública. Esto refleja la importancia de los hallazgos y de las propuestas que se realizan en el informe.
Los resultados constituyen una línea base con datos, indicadores, análisis objetivos, alertas, propuestas de seguimiento, desafíos institucionales y una amplia plataforma de información de libre acceso para toda la población, que puede ser consultada por medios electrónicos, y que desde este momento ponemos a disposición del público.
Me siento satisfecha de señalar que este informe presenta indicadores positivos en algunos puntos que también merecen destacarse. Por ejemplo, menciona el impacto positivo que ha tenido el programa de flagrancias en materia penal. En lo laboral, si bien se señalan algunas falencias del sistema como la falta de asesoría a la parte trabajadora, la no asistencia de testigos, la posibilidad de desequilibrio entre las partes en la conciliación, también se informa que el 78% de las sentencias acogen total o parcialmente las pretensiones de la persona actora.
Igualmente reveladoras son las afirmaciones sobre el impacto de las resoluciones judiciales en el sistema de salud. Debo aclarar que los datos obtenidos corresponden al periodo anterior al 2013, y la institución está trabajando en indicadores de gestión así como en herramientas para el monitoreo de la función judicial en diversos ámbitos.
El esfuerzo realizado para concretar esta investigación no será en vano. El mismo informe demuestra la capacidad de la institución de renovarse a sí misma, de promover los cambios y los procesos de reforma cuando ha sido necesario. De manera que este será un insumo para la vocación del Poder Judicial costarricense de transformarse y mejorar.
El compromiso será la atención de cada uno de los hallazgos, mediante la asignación a los despachos, comisiones u oficinas competentes para que brinden propuestas para la puesta en marcha y el seguimiento.
Esta será una herramienta de consulta obligada, no solo para quienes laboramos en la institución, sino también para analistas, políticos, juristas y la sociedad en general, en tanto nos permita abordar la verdadera realidad de la administración de justicia, reconocer los aciertos y adoptar acciones en lo que debamos mejorar.
(*) La autora es presidenta de la Corte Suprema de Justicia